La Fiscalía de Obús pide cuatro primaveras y nueve meses de prisión para Francisco Titos, que fue corregidor del pequeño pueblo de El Pinar. Entiende que pudo cometer delito de acoso sexual y otro continuado de acometida sexual, durante meses, contra una concejal de su partido, el PP.
Francisco Titos fue procesado el pasado 2 de abril por el Supremo de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva, competente en Violencia Sobre la Mujer. Ya el pasado noviembre de 2023 presentó su dimisión y fuentes del PP confirmaron entonces que asimismo había formalizado su muerto en el partido.
En su momento dijo que dejaba la alcaldía del municipio del Valle del Lecrín, de poco más de mil habitantes, por motivos de lozanía. Sin bloqueo, poco luego se supo que la munícipe le había denunciado por los motivos mencionados más en lo alto.
En su escrito de cargo provisional, la Fiscalía asimismo solicita que sea condenado a vigésimo meses de inhabilitación exclusivo para profesar como corregidor o como cualquier otro cargo político. Y suma otros cuatro primaveras de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores.
Encima de varios primaveras de independencia vigilada y de las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la concejal, la fiscal solicita que el exalcalde la indemnice en 25.000 euros por los «perjuicios psicológicos y el daño casto» sufridos.
«Plan sistemático para vulnerar contra su independencia sexual»
Según su relato, esta concejal del PP y el entonces corregidor «compartían despacho y por su desempeño profesional, habían de personarse juntos a determinados actos». En principio, entre 2021 y 2022, su relación «era estrictamente profesional». No obstante, a partir de agosto de 2022 y hasta noviembre de 2023, la munícipe «se vio sometida a un trato absolutamente denigrante« que incluyó en varias ocasiones »sometimientos que atacaron su independencia sexual«.
Alude así la Fiscalía a «proposiciones intimidantes» o «comportamientos desairados» cuando la presunta víctima se negaba, y un tono «fuera de puesto» con comentarios incluso relativos a su apariencia externa. Todo ello provocó que la munícipe pidiera la muerto profesional por las repercusiones psicológicas que le provocó el comportamiento «gravemente intimidatorio, hostil y humillante» de Titos.
A partir de este momento alude la Fiscalía a un «plan sistemático de vulnerar contra la independencia sexual de la munícipe» por parte del investigado, con diversas agresiones sexuales que presuntamente perpetró aprovechando momentos en los que estaban a solas por trabajo. Recalca el escrito la reiterada negativa de la víctima, así como la «ansiedad y el »miedo« y los daños psicológicos que toda esta situación le generaron y que le llevaron a denunciar su caso.
La cargo particular pide por su parte siete primaveras de gayola por un delito de acoso sexual y otro continuado de acometida sexual. Encima de pedir órdenes prohibición de comunicación y alejamiento, y de varios primaveras de independencia vigilada, reclama que Francisco Titos la indemnice en 35.000 euros por los perjuicios psicológicos sufridos y los daños morales causados.