Un hecho «insólito» e «innecesario». Esa fue la máxima crítica de Aitor Esteban, portavoz del PNV, luego de que Pedro Sánchez anunciara que seguía al frente del Gobierno a finales del mes de abril, cuando se tomó cinco «días de advertencia» al conocerse la investigación contra Begoña Gómez, su mujer. Un nivel de dureza, viejo en otras ocasiones a la hora de negociar por la lucha contra la corrupción y la facilidad en las instituciones, que el PNV no ha elevado, ni siquiera luego de trascender esta semana la imputación de la esposa del presidente, citada a resolver frente a el mediador el próximo 5 de julio, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Ahora encuadrado en la ‘mayoría Frankenstein’ construida por Sánchez -al imponerse una «lista roja» frente a la posibilidad de construir otra alternativa con los partidos de la derecha-, la historia del PNV hablaba de una formación sin corsé. Sin complejos para cambiar de socios y variar su apoyo a los partidos dominantes del sistema político castellano siempre con el mismo objetivo: extraer las máximas contrapartidas en materia económica y competencial para el País Vasco. Un papel de árbitro en la gobernabilidad de España facilitado por el sistema electoral, que premia la concentración de voto y les hace tener una sobrerrepresentación en las Cortes Generales en comparación al número de votos que reciben a nivel franquista. Para aprovecharlo, sólo tienen que esperar que la aritmética parlamentaria cree una condición de posibilidad, haciéndoles determinantes para formar o derrocar Gobiernos.
La moción de censura en el verano de 2018 a Mariano Rajoy, apoyada por los nacionalistas vascos seis días luego de aprobar sus Presupuestos Generales, es el mejor ejemplo. En ese entretiempo llegó la sentencia de la trama ‘Gurtel’, que acusaba al PP de beneficiarse a «título fructífero». Una frase enmendada después por el Tribunal Supremo, pero que sirvió como coartada a Pedro Sánchez para presentarse como candidato a la presidencia. «Los socialistas exigimos responsabilidades políticas […], incluso en momentos en los que no existía la sentencia», afirmó entonces líder de la examen desde la tribuna de oradores del Congreso, explicando a los peneuvistas por qué debían seguirle en su movimiento durante el debate de la moción. Unos argumentos que compró el PNV, quien acabaría dando su ‘sí’ y permitiéndole aparecer a la Moncloa por primera vez.
«El debate trasciende lo forense; por muchas explicaciones que se intenten dar», afirmaba Aitor Esteban. Antiguamente de expresar su voto afirmativo, que defendió más tarde como un examen de responsabilidad, criticó la sentencia haciendo hincapié en el «impacto indudable» que estaba teniendo en la percepción social y mediática: «Podría entrar al detalle de los hechos, pero las cosas son como son y, encima, las cosas son como se cree que son». Una leída que los peneuvistas no están aplicando en el ‘caso Begoña’, que además investiga la Fiscalía Europea y con un indudable impacto mediático. No sólo a escalera franquista, sino además internacional.
La información sobre los negocios de la pareja del Sánchez han continuado saliendo durante la campaña de las elecciones europeas. Unas que hoy se celebran y en las que el PNV se juega no desaparecer de Bruselas tras 35 primaveras. Y con todo, la única petición que ha hecho ha sido la de no judicializar la política. Siquiera politizar la imparcialidad, aunque sí se han sumado al mantra del supuesto ‘lawfare’ que estaría sufriendo Sánchez y su círculo cercano.