El fiscal caudillo del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado esta mañana un escrito en presencia de el Tribunal Superior de Conciencia de Madrid (TSJM) en el que asume la “responsabilidad última” de la publicación de la nota de prensa difundida por la Fiscalía provincial y en la que, para desmentir determinadas informaciones relativas a la acto del Ocupación Notorio en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se revelaron datos de carácter personal que afectan a su derecho de defensa.
García Ortiz pide al TSJM que remita el procedimiento en el que ahora están imputados dos fiscales, a la Sala Segunda del Supremo pues, al ser él aforado, el tribunal superior carece de competencia para investigar los hechos. El movimiento del fiscal caudillo, que admite ocurrir poliedro instrucciones “expresas y directas” para la publicación de la nota, se produce un mes a posteriori del inicio de la investigación y cuando faltaban tres días para la comparecencia como testigos de la fiscal superior de Madrid, Almudena Losa, quien se negó a transmitir la nota, y el superior de prensa de la Fiscalía del TSJ de Madrid.
El mediador ya había requerido ya a la Fiscalía Provincial información sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la audacia de hacer manifiesto dicho comunicado de prensa y el mayor responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el pasado bueno a la audacia de difundir el comunicado».
Aunque en un acto, el pasado abril, García Ortiz dijo que asumía la responsabilidad de la difusión de la nota, no ha sido hasta ahora cuando ha informado de esta responsabilidad “jurídica” al instructor. Fuentes de la Fiscalía Universal señalan que comercio así “de proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto”. Delante el mediador insiste en que la citada nota no añade carencia que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, “en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada”, en relato a González Amador, pareja de Ayuso.
En este sentido considera “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Ocupación Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. “Es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el sabio de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación”, dice.
A su pleito, la difusión de la nota en la que se especificaba que era González Amador el que ofreció un pacto al fiscal y no al revés, fue “plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ocupación Fiscal”.
En su escrito al TSJM, García Ortiz señala que no se puede desvelar ningún secreto cuando las informaciones difundidas en esa nota de prensa “habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación”. Añade que la instrucción de la Fiscalía Universal sobre las relaciones del Ocupación Fiscal con los medios de comunicación, dispone que «la concreta intensidad de la reserva debe realizarse ponderando la naturaleza de los hechos investigados y las circunstancias concurrentes, que incluso pueden no requerir secreto alguno”.
Secuencia de la filtración
García Ortiz señala que el primer conocimiento que tuvo sobre la existencia de esos correos electrónicos fue a través de los medios de comunicación la tenebrosidad del 13 de marzo de este año. Recogían estos medios el contenido de un correo electrónico remitido por un fiscal doble en delitos económicos (Julián Brinco) a la defensa de González Amador. Se hablaba incluso, dice, de «fuentes próximas a la defensa» y «fuentes del entorno de la presidenta». Ese mismo día, añade, el superior de Ministerio de la presidenta, Miguel Donaire Rodríguez, “publicaba un mensaje en la red social X en el que se hacía eco de forma insidiosa de un correo electrónico remitido por la Fiscalía al sabio de González Amador y del fingido impedimento por ‘órdenes de hacia lo alto’ de un supuesto ofrecimiento de acuerdo”.
“Era, pues, de manifiesto conocimiento la existencia de los correos electrónicos, su contenido, los delitos fiscales reconocidos por la defensa del Sr. González Amador, la propuesta de pacto y una posible conformidad, aunque no en los términos interesadamente expuestos por los medios que inicialmente poseían y publicaron la información”, apunta García Ortiz.
Continúa con su relato de hechos señalando que “a la panorama de las publicaciones periodísticas (…) interesé la remisión de los correos electrónicos intercambiados entre la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa del investigado Sr. González Amador”, comunicaciones que el fiscal Brinco remitió directamente a la fiscal superior de Madrid y a la de la Provincial.
“Poner fin a un bulo”
Dice García Ortiz que no puede “consentir ni tolerar” que se cuestione la acto de sus subordinados cuando “no existe indicio alguno” respecto a su billete en “la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del supuesto defraudador”.
Asegura, adicionalmente, que volvería a suscribir y ordenar la difusión de esa nota “para poner fin a un bulo” y amparar a “un compañero y extraordinario fiscal” en presencia de informaciones que afectaban a la “honorabilidad y profesionalidad” del Ocupación Fiscal.