El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir del 18 de junio el boceto de una sentencia que propone anular la condena de nueve primaveras de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Crematística de Andalucía, Bizcocho Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado ‘caso de los ERE‘.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la ponencia, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía y plantea que estime el solicitud de Álvarez en lo relativo al delito de prevaricación. El Pleno del TC tendrá que sufragar si apoya o no la redacción propuesta.
A principios de año trascendió que el Servicio Notorio había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del entrenamiento de la iniciativa legislativa.
Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del esquema de ley de presupuestos -luego aprobada como ley- podía activo sido o no juzgada por un togado penal y calificado como acto oficinista injusto.
Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el togado en cuestión tenía que activo planteado una cuestión de inconstitucionalidad en presencia de el propio TC si albergaba dudas sobre la legitimidad de ley en motivo de resolver ilegal la norma.
El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el solicitud de amparo al entender que tiene particular trascendencia constitucional porque plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y universal repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales», según ha aguzado este lunes el tribunal en una nota informativa.
Los posibles se verá la semana que viene
El Tribunal Constitucional (TC) comenzará la próxima semana a deliberar sobre los posibles de amparo presentados por doce de los condenados por el ‘caso ERE’, según ha anunciado este lunes la corte de garantías.
Lo hará tras un año y medio de estudio de los posibles que impugnan las sentencias de la denominada “habitación específica”, relativa al uso irregular de las subvenciones autonómicas de la Asociación de Andalucía para los Expedientes de Regulación de Empleo.
Una parte de los responsables fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, y algunos de ellos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.
Cerca de memorar que el Tribunal Supremo confirmó en 2022 la condena al expresidente andaluz Manuel Chaves a 9 primaveras de inhabilitación por prevaricación y la de su sucesor José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación, a 6 primaveras de calabozo, donde no ha llegado a entrar por el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece.
En el orden del día del martes 18 de junio incluye el Pleno su previsión de deliberar sobre los posibles interpuestos por la exministra socialista Bizcocho Álvarez y José Antonio Viera.
En septiembre, el Constitucional rechazó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete de los condenados para suspender sus penas de prisión: Márquez, Serrano, Fernández, Vallejo, Rodríguez, Viera y Martínez.
La Fiscalía del Constitucional, en sus alegaciones a los posibles, apoyó revisar algunas condenas por prevaricación, entre ellas la del expresidente Chaves, pero no las impuestas por malversación, lo que perjudicaría a su sucesor Griñán, ya que fue el segundo delito lo que le acarreó pena de prisión.