El gobierno regional dilación poder estar recibiendo a los primeros menores inmigrantes no acompañados en el nuevo centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, «a lo holgado del verano». Así lo piensan a posteriori de pasar revista este lunes las obras, que se han reanudado tras izar el Junta el precinto que pesaba sobre ellas, siguiendo las instrucciones de un utilitario del sentenciador.
Se pretende que el centro sea de primera acogida, aunque esto dependerá de la cuantía de quienes lleguen, una guarismo que depende del Gobierno central, que es quien los está distribuyendo por las comunidades autónomas. Sí se sabe ya que tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera grado, y estará activo en el segundo semestre de este año, una vez concluya la reforma.
El consiliario de Presidencia, Honestidad y Suministro Nave, Miguel Hechizo García Martín, y la consejera de Grupo, Lozanía y Asuntos Sociales, Ana Dávila, giraron ayer una encuentro a las obras en el futuro centro, que va a tener 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.
El edificio, que contará con una inversión de casi 7 millones de euros, dispondrá de distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o dispensario; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.
Estas obras se reinician a posteriori de que el Tribunal de lo Contencioso Funcionario número 24 de Madrid haya suspendido forma cautelar el decreto municipal por el que se paralizaban los trabajos de adecuación que ya había comenzado la Comunidad de Madrid, explican desde el Gobierno regional.
El Ejecutor autonómico ya llevaba tiempo alertando de la venida «descontrolada» de inmigrantes a la región, «conveniente a la crisis migratoria que vive España por la mala mandato del Gobierno central, lo que está provocando que los medios regionales de acogimiento residencial destinados a la protección a los menores tutelados se vean tensionados».
Por eso, el consiliario de Presidencia, Honestidad y Suministro Nave, Miguel Hechizo García Martín, ha pedido al corregidor de Fuenlabrada, Javier Ayala, que se sume a la Comunidad de Madrid a la hora de exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga «orden al caos migratorio que ha generado su Gobierno».
«Es precisamente el Gobierno central el que está situando a los menores no acompañados en las distintas regiones sin coordinación alguna con las comunidades autónomas. Por eso, pido al corregidor que deje trabajar a la Suministro, porque estas obras van a seguir delante para atender a los menores con todas las garantías en unas instalaciones adaptadas a sus micción», ha defendido.
Por su parte, la consejera de Grupo, Lozanía y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que dilación que el corregidor de Fuenlabrada, Javier Ayala, «deje de situarse en una posición de rebeldía y que pare de obstaculizar estas instalaciones para estos menores, porque siguen llegando y nuestros medios siguen tensionados» En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene «la obligación legítimo y íntegro de atenderles».
Por su parte, el corregidor fuenlabreño consideró la encuentro de los dos consejeros a las obras del centro como «una provocación a la ciudad» y «un episodio más» en la disposición de prepotencia de la Comunidad de Madrid en este caso.
«ue el Gobierno regional está obsesionado con que ese macrocentro esté en Fuenlabrada está ya más que probado. No tienen ningún interés por la atención de los menores, su objetivo es que esté en Fuenlabrada», ha indicado el corregidor.
Ayala ha recordado que sigue rajado un expediente de reversión del espacio que dilación pueda culminar en los próximos días y ha reiterado que el Junta defenderá en los tribunales los derechos de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. «Fuenlabrada cedió ese espacio con un fin y ese fin pretende no cumplirse», ha precisado.
El regidor se mostró dispuesto a «sentarse en el ámbito de la Tratado Madrileña de Municipios para tocar el reparto cabal de los menores no acompañados. Nosotros siempre vamos a ser solidarios en eso, como seguro que lo serían Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda. Lo que no vamos a hacer, es aceptar imposiciones», ha asaegurado. Cree por otra parte que el centro incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales.