El Gobierno ha recibido con mucha cautela pública las primeras actuaciones judiciales posteriormente de publicarse este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley de Indulto. En particular las del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, quien ha decidido surtir la orden de detención contra el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont, y dar cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los hechos por los que están procesados asimismo los prófugos Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, así como sobre la pertinencia de surtir o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
«La ley es muy clara», ha trillado en varias ocasiones la portavoz del Ejecutante, Pilar Alegría, en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Consejo de Ministros, sin querer ir más allá. Sin bloqueo, fuentes del Gobierno trasladan que los jueces deberían «tener en cuenta la voluntad del senador», a la hora de elaborar la norma que concede el olvido constitucional a los encausados por el ‘procés’. Y todo ello en presencia de una ley que, vuelven a reiterar, ha cedido ya «resultados» ayer incluso de su definitiva entrada en vigor, pues el convencimiento del Salita es que la norma ha hendido una nueva etapa de «convivencia» y «concordia» en Cataluña.
Por otra parte, asimismo el Tribunal de Cuentas ha preguntado ya a la Fiscalía, a Societat Civil Catalana (SCC) y a las defensas de los más de treinta encausados por desviar fondos para el referéndum ilegal del 1-O si presenta o no una cuestión prejudicial en presencia de el Tribunal de Ecuanimidad de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos tendrán hasta diez días para pronunciarse.
La misma cautela muestra el Ejecutante de Pedro Sánchez sobre si las cuestiones prejudiciales y, sobre todo, el futuro inmediato de Puigdemont, afectarán o no al futuro de la gobernabilidad en Cataluña. Todo ello posteriormente de que este lunes el dirigiente de Junts Josep Rull fuese estimado presidente de la Mesa del Parlament con el apoyo de ERC y la Cup, en la segunda envés de la votación. Un hecho en presencia de el que los socialistas muestran calma, pues consideran que no prejuzga una futura investidura de un presidente de la Generalitat independentista. «Todos los caminos conducen a Illa», ha señalado de guisa muy gráfica Alegría durante su intervención.