La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, anejo a miembros de otras organizaciones agrarias, se ha concentrado este martes a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo, para que el efectivo de la Unión Europea llegue verdaderamente al campo.
«Venimos a demandar a la Juntura que deje de desviar el efectivo del PDR (Software de Crecimiento Rural) a Geacam (la empresa pública encargada del servicio de prevención y terminación de incendios); hay equivocación de presupuesto y esto está provocando que muchísima concurrencia no reciba la ayuda establecida de muchas líneas», ha expuesto a los medios de comunicación Andrés García Vaquero, presidente regional de la Unión de Uniones.
García Vaquero dice que es «totalmente inexacto» que no haya «efectivo para todos», asegurando que en el PDR del periodo 2014-2020 han sobrado 686 millones de euros y para el nuevo periodo 2023-2027 hay otros 1.500 disponibles. «La verdad es que no quieren dar el efectivo a los agricultores para tener efectivo adecuado y desviarlo a la empresa Geacam», lamenta.
Encima, Unión de Uniones denuncia la situación de los agricultores ecológicos, «a los que han expulsado de la actividad», con más de 5.000 agricultores y 200.000 hectáreas sin ayudas.
Por su parte, César García, de la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), ha mostrado su repulsa «a la Memorándum 2030, al relación verde… en definitiva, la gran estafa verde, porque nos sentimos perseguidos ya no podemos más con la burocracia. Hemos llegado a una situación de colapso. Venimos, por lo menos, para que sepan que por lo menos no estamos de acuerdo».
Otras reivindicaciones
Otras reivindicaciones con las de incentivar y dotar de presupuesto a la cabaña extensiva, el pastoreo, los cultivos tradicionales, las aromáticas y la apicultura. Asimismo, denuncian el exceso de restricciones en el uso de cosechadoras, «que las están demonizando» y son las de último índice de causa de incendios. Añaden que se están ejecutando multas contra agricultores por este motivo, personándose la Juntura como incriminación particular, «y es una salvajada y una crueldad por parte del Gobierno regional».
Igualmente piden la compensación por daños de fauna silvestre, la manifiesto de la plaga de conejos o la paralización de zonas ZEPA (o en todo caso que sean de carácter voluntario y siempre compensado económicamente). «Es injustificable que la Juntura no haya aceptado ni una sola exposición a los proyectos ZEPA por parte de los agricultores», recuerdan.
Finalmente, solicitan la realización de elecciones agrarias regionales para que los agricultores y ganaderos puedan designar a sus verdaderos representantes y evitar que los actuales miembros del consejo rural sean designados por la Juntura. Encima, reclaman ayudas directas y reales por la sequía y DANAs similares a las otorgadas en otras comunidades autónomas y que el suscripción sea inmediato.