El Clase Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y Audaz presentará en el próximo pleno una Proposición No de Ley para defender los centros de educación distinto tal y como existen actualmente y los «derechos de los alumnos con micción educativas especiales escolarizados» en estos colegios y de sus familias.
Los populares demandan en su propuesta que la Comité exija al Gobierno que modifique la disposición de la nueva ley educativa (Lomloe) en la que se recoge que hasta 2030 los centros de educación ordinaria deberán dotarse de los medios necesarios para poder escolarizar a alumnado con micción especiales.
Según el texto registrado este martes por el PP en el Parlamento regional, el apartado que piden cambiar supone «la imposición de un maniquí que limita los derechos de los alumnos escolarizados en centros de educación distinto y sus familias».
Excluidos
En el documento, explican, encima, que «estos colectivos no fueron escuchados en el correspondiente trámite de la tramitación de la Ley» y que la reglamento dispone que la «escolarización de los alumnos con micción educativas especiales se respetará la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo, lo que excluye a las que no mantengan este criterio».
Adicionalmente, el planteamiento del PP recuerda que en los colegios de educación distinto los alumnos están matriculados hasta los 21 primaveras y considera que eso «cambiará drásticamente si desaparecen o se merman sus funciones, lo que produciría que a los 16 primaveras ese alumnado quede fuera del sistema educativo».
El Partido Popular explica, encima, que las propias familias de menores escolarizados en centros de educación distinto y la Asociación de Ayuda a la Dependencia y de Enfermedades Raras han mostrado su rechazo a que estos colegios pasen a ser de carácter «asistencial» más que instalaciones que tienen un carácter educativo, como lo son ahora, y han solicitado que se mantengan como en la ahora al ser los «únicos que cubren todas las micción de sus hijos».
Por todo ello, «el derecho a designar el centro escolar para sus hijos debe garantizarse por los poderes públicos» al igual que la «comicios de centro», concluye el texto.