Aceites para vapeadores, gominolas de CBD frutales sin azúcar, ‘chuches’, snacks de grasa de cannabis… comprar cualquiera de estos productos es muy realizable, y en más de un caso están a disposición de quien pase pegado a un dispensador instintivo, que ni pide identidades ni pregunta la permanencia. Pero en el Gobierno regional están muy alarmados por el hecho de que se relacione el consumo de esta sustancia con un incremento de las visitas a urgencias por problemas mentales en jóvenes. Eso ha llevado al Gobierno regional a cortar por lo sano. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha público la refriega al consumo de cannabis y otras sustancias derivadas por parte de los menores madrileños, y para evitarlo, va a cambiar la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Su objetivo: prohibir el consumo en menores, alejar de los colegios los establecimientos que venden productos derivados del cannabis, y confinar su publicidad y patrocinios.
En los últimos tiempos, han proliferado las tiendas de CBD, o ‘cannabidiol’, la sustancia química de la planta del cannabis. Y se ha incrementado su consumo por parte de jóvenes y menores, en una situación de equivocación de regulación. Precisamente para eso, para regularlo, es para lo que la Comunidad de Madrid ha acometido ahora la modificación legislativa que ha comenzado a tramitar.
Cuando se aprobó la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos en la Comunidad de Madrid, en el año 2002, la prensa la bautizó como ‘ley antibotellón’, porque esa era, de sus normas, la que más novedosa parecía: la prohibición del consumo de pimple en la vía pública. Pero los tiempos cambian y asimismo lo hacen los consumos de sustancias. Y aunque los jóvenes siguen bebiendo más de lo deseable, ahora el objetivo número uno de las autoridades regionales es el cannabis.
El cambio en la Ley de drogodependencias tiene varios objetivos: por un banda, prohibir el consumo de cannabis o derivados por los menores. Por otro, que las tiendas dedicadas al CBD no puedan estar a menos de 300 metros de un colegio o centro educativo no universitario. Díaz Ayuso no quiere que los menores puedan conseguir a productos como aceites de vapear o gominolas de CBD, que bajo una engañosa apariencia de inocuidad puedan resultar dañinas para su sanidad.
Por eso, asimismo va a prohibir el suministro y cesión de ‘merchandising’ sobre estos productos, que por su apariencia o forma «quieren ser más simpáticos» o resultar atractivos para menores y jóvenes. Hay publicidades con niños, e incluso se venden snacks con CBD para perros.
Y se da asimismo la circunstancia de que se vendan vapeadores con envoltorios decorados con dibujos y alegres colores, que se pueden confundir con paquetes de chucherías, y que se pueden comprar desde los 5 euros en muchos establecimientos, en internet e incluso en máquinas expendedoras. Más realizable aún que conseguir a un cigarrillo tradicional; se ofrecen como si fueran poco inocuo, y no lo son.
Todo esto justifica el cambio constitucional que está promoviendo el Gobierno regional. Y que adicionalmente va a establecer comunicación con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para prohibir la cesión de estos productos derivados del cannabis en las farmacias. Recordaba la presidenta que otros países de nuestro entorno habían legalizado este consumo, poco que consideraba un profundo error, y muchos de ellos están dando ya marcha detrás.
Las modificaciones legislativas que se van a introducir pretenden adaptar la Ley sobre drogodependencias, que data de 2002, a la Ley Autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, aprobada en 2023, que establece la prohibición expresa de entregar a los menores sustancias que puedan ser nocivas para su organismo.
«Pertenencias demoledores»
La preocupación de la presidenta madrileña por el consumo de sustancias y sus bienes sobre la nubilidad viene de holgado. En la presente plazo, ha hecho ya varias referencias al Plan Regional sobre Drogas en el que está trabajando su gobierno, de forma transversal entre las diferentes consejerías. Esta modificación legislativa que afectará a la cesión de cannabis o productos derivados es un primer paso de ese plan.
«Vemos con absoluta preocupación los bienes demoledores que están causando en países que antaño admirábamos, vemos tantas vidas perdidas, el problema social, la equivocación de autodeterminación, de seguridad y, por supuesto, comprometiendo luego la prosperidad, y no queremos que esto ocurra en la Comunidad de Madrid, no podemos dejar a nuestros jóvenes», justificó.
Así que la primera medida será esa prohibición de entregar a menores productos como aceites para vapeadores, snacks con CBD o gominolas de esta misma sustancia, cuyo consumo, recuerdan desde el Gobierno regional, asimismo tiene riesgos para la sanidad.
Los menores no podrán comprar estos productos ni directamente en los establecimientos, ni siquiera a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles ni otros sucedáneos. Y para que este objetivo se cumpla, asimismo se va a apremiar a que los establecimientos que se dedican a la cesión de productos con CBD no puedan situarse a menos de 300 metros de distancia de un centro educativo de enseñanza no universitaria.
Y asimismo se va a combatir la publicidad que se haga de ellos, para evitar que se presenten como poco atractivo, divertido o simpático. La norma limita igualmente su patrocinio, porque el Gobierno regional «no quiere que se asocie el consumo de estos productos con un traidor rendimiento físico o sindical, o con beneficio alguno para la sanidad», apostilló la presidenta. Todos estos cambios pretenden que Madrid se sitúe «a la individuo en la lucha contra las drogas».
La concurso anterior del Gobierno regional a esta sustancia viene de acullá. Con datos del Servicio Madrileño de Vitalidad –SERMAS–, se destaca que hubo 5.384 atenciones en el año 2021 por consecuencias derivadas del cannabis, de las cuales, 4.253 requirieron ingreso hospitalario. De ellas, 242 –con una media de permanencia de 28 abriles en los pacientes– se prolongaron durante más de 9 días y tenían patologías relacionadas con el consumo como diagnosis principal, mientras que en 4.011 era secundario.
Cuadruplicar el peligro
Otros 1.131 pacientes fueron tratados en el ámbito dispensario –334 de ellos menores de permanencia–, de los que 270 lo hicieron por exceso de sustancias, y 861 por presentar dependencia. Adicionalmente, el 95 por ciento de los menores de permanencia atendidos en centros de adicciones de la región presentaba algún tipo de problemas con esta sustancia.
Distintos estudios señalan adicionalmente que su consumo en adolescentes multiplica hasta por cuatro el peligro de padecer trastornos psiquiátricos. Y los expertos alertan de que la normalización de su uso ha provocado un aumento de los ingresos en los servicios de urgencias relacionados con su consumo.