La portavoz de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha anunciado que su grupo ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes Valencianas con la que rechaza la ‘Ley Sólo sí es sí’ e insta a Pedro Sánchez a destituir al interino Ministra de Igualdad, Irene Montero.
Así, Bastidas ha explicado que “esta ley introduce una modificación sustancial en la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, que ahora pasan a ser todos considerados agresión sexual cuando antes se dividían, según su gravedad, en abuso sexual o agresiones sexuales”.
«Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos, especialmente lesivos para mujeres y menores, se han reducido para dar cabida a delitos de menor cuantía. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por este tipo de hechos pueden beneficiarse de una reducción de sus penaslo que lleva a aumentar el dolor de las víctimas.
El diputado popular ha recordado que “la entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de numerosas penas. En julio de este año 2023 ya se contabilizaron en España al menos 1.155 reducciones y 117 excarcelaciones, y de ellas 148 reducciones y 13 excarcelaciones”. en la Comunidad Valenciana.
Bastidas ha denunciado que “la rectificación de la ley está vigente, pero no impide revisiones. La ley “sí significa sí” estuvo en vigor durante seis meses cuando se redactó inicialmente. Suficiente para que todos los condenados antes de su llegada y todos los que cometieron delitos durante ese período puedan recibir refugio.
El portavoz de política social del GPP ha asegurado que “esta reducción de penas se traduce en una Revictimización de mujeres agredidas., que ven cómo se benefician sus agresores y van a salir anticipadamente de prisión sin cumplir la pena inicial a la que fueron condenados. Lejos de reconocer el grave error cometido y mostrar la voluntad de rectificarlo, la ministra de Igualdad sigue elogiando la ley y ataca a la justicia y a los jueces, calificándolos de machistas, algo absolutamente inaceptable que sólo contribuye a minar la confianza de las víctimas en la justicia. aumentando así su desprotección.