El magistrado de la Audiencia Doméstico Manuel García Castellón ha propuesto enjuiciar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en el ámbito de la cuarto separada 8 del ‘caso Púnica’ por las supuestas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo sabido en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en los contratos para infraestructuras que aprobaba la entidad pública de regional ‘Mintra’.
En una resolución, recogida por Europa Press, el magistrado acuerda el pase a procedimiento abreviado de esta cuarto que se ha centrado en indagar en las supuestas irregularidades cometidas por Granados durante su papeleo como mentor de Transportes de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta Esperanza Aguirre, y luego como mentor de Presidencia, Imparcialidad e Interior.
García Castellón considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Y adicionalmente de a Granados, propone enjuiciar a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y a Javier López Madrid -ya investigado en Lezo y en el ‘caso Villarejo’-. Archiva, en cambio, para cuatro investigados, entre ellos el además patrón José Luis Ulibarri.
A lo prolongado de más de 140 páginas, el magistrado detalla la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra y en valenza de la trama. Apunta que entre las obras investigadas se encuentran el tramo 1C de Metropolitano Sur, el tramo 1A de Metropolitano Septentrión y la nueva tendencia de Boadilla de Metropolitano Activo.
«Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del entendimiento, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la sufragio del adjudicatario, sino además el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del entendimiento e, incluso, el plazo de finalización, a través de la defensa dada para adscribir contratos modificados y complementarios», explica.
Al hilo, recuerda que Aguirre destituyó al mentor de su cargo al frente de Transportes en 2004 atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella consejería -ante el protagonismo en las adjudicaciones de empresas del círculo de Marjaliza y Granados-, y puntualiza que al mismo tiempo le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría caudillo del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Encima, tras la reorganización que supuso el cese de Granados, éste asumió nuevas funciones entregado que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio. Esta empresa había estado integrada hasta ese momento en la Consejería de Medio Hábitat y Colocación del Condado.
Promociones de suelo
Igualmente se encomendaron a la empresa pública Arpegio la distribución de parte de los ‘Fondos Prisma’, y se constituyó la Fundación Arpegio. De esta forma, señala el coche, volvía a tener dicho investigado bajo su papeleo un considerable patrimonio, la valentía última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística e inmobiliaria.
De esta guisa, recuerda el magistrado, Granados confirió la papeleo de las adjudicaciones a Arpegio y, de esta forma, de nuevo quedó bajo su control la adjudicación de parcelas de la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas libres y de vivienda protegida, y bajo su supervisión la adjudicación de parcelas de los ayuntamientos que formaban parte de cada Consorcio.
El magistrado afirma en su coche que Granados supuestamente se concertó con el constructor David Marjaliza, a fin de adscribir a alguna de las sociedades de éste parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar la empresa pública, el esquema ‘Ciudad Pensil’ de Arroyomolinos.
En este esquema, recuerda, la entidad Arpegio iba a padecer a final una promoción con más de 3.950 viviendas de las que, una cantidad superior al 50 por ciento, iban a tener algún extremo de protección.
Apunta que los contratos de compraventa entre Arpegio y una de las empresas de Marjaliza, Aranan, se firmaron ayer de que el Consejo de Empresa de Arpegio resolviese la adjudicación en valenza de aquella sociedad.
Cestas de navidad y desván de un millón
García Castellón indica en su resolución que tanto Granados como su mujer -también investigada-, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos a través de Arpegio para «agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del alianza como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica«. »A todos ellos la investigada Alarcón les hizo ascender desde ARPEGIO una cesta de navidad en las festividades navideñas de los primaveras 2006 y 2007«, indica.
Indica que todos esos gastos por «obsequios de navidad« que tendrían que ocurrir sido abonados por los investigados por tratarse de un pago personal del alianza, se desviaron de las arcas públicas de Arpegio y sumaron la cantidad total de 100.139,17 euros, indica el magistrado.
El instructor además detalla los regalos efectuados de forma continuada por Marjaliza a Granados durante el tiempo en que este ostentaba un cargo sabido, entre 2004 y 2011 a modo de comisiones en especie. Entre ellos, un calle en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de fastuosidad, cruceros, cacerías, safaris, relojes y un maletín con casi un millón de euros enemigo en el desván de la casa de sus suegros.