El asociación de 14 antifascistas de Pego (Alicante) acusados de desórdenes públicos, amenazas, atentado y lesiones han aceptado los cargos y han sido condenados a penas que oscilan entre el cuota de multas desde 90 euros y hasta nueve meses de prisión. Las partes han corto este jueves en el motivo un acuerdo de conformidad por los altercados registrados tras un partido el 18 de octubre de 2020 entre aficionados del Pego Club de Fútbol y el Club de Fútbol Gandia.
El motivo se había fijado para este jueves en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante. Pasadas las 10.30 horas, se ha comunicado el acuerdo de conformidad entre las partes, por el que diez personas han sido condenadas por desórdenes públicos con impulso de objetos a seis meses y un día de prisión; por atentado contra agentes de la autoridad a tres meses y un día de calabozo; a un mes y 16 días de calabozo por lesiones menos graves, que se sustituyen por ese mismo tiempo de lugar permanente; y a sufragar 360 euros de multa por cuatro delitos leves de lesiones.
Por su parte, otras dos personas han sido condenadas asimismo por el delito de desórdenes públicos con impulso de objetos a seis meses y un día de prisión. Otras dos personas han sido condenadas por errata de respeto a la autoridad al cuota de una multa de 90 euros. Inicialmente, Fiscalía reclamaba hasta ocho abriles de prisión y cinco la imputación particular.
Los acusados asimismo deberán indemnizar a seis agentes de la Pareja Civil y a la Dirección de la Pareja Civil con un total de 6.573,31 euros -entre 720 y 1.793 euros, más la cuantía por los móviles estropeados-. Los letrados de la defensa han afirmado que las cantidades ya han sido consignadas.
Delante el acuerdo de conformidad entre las partes, la sala ha público firme la condena. Los tres abogados de la defensa han solicitado la suspensión de las penas privativas de atrevimiento y de lugar permanente, puesto que las penas son inferiores a dos abriles y los acusados no tenían historial, poco a lo que no se ha opuesto la Fiscalía ni la imputación particular.
El presidente de la sala ha público firme la resolución de la suspensión de las penas, si se consignan las cantidades indemnizatorias y multas aceptadas, y bajo la advertencia de que, durante dos abriles, no podrán cometer ningún delito, puesto que en caso de hacerlo se le sumaría la pena de prisión por estos hechos.
Escrito de Fiscalía
Según el escrito de imputación de la Fiscalía, tras el partido de fútbol entre el equipo de Pego y el de Gandía, un asociación de unos cien seguidores del equipo circunscrito, entre los que se encontraban los procesados, se concentró en las puertas del estadio y profirió amenazas cerca de aficionados visitantes, que serían de una ideología política distinta y que seguían en el interior del circuito deportivo.
Un agente de la Pareja Civil intentó mediar con el asociación del foráneo y recibió expresiones como «los nazis esos han venido a provocarnos» o «los vamos a matar», por lo que el agente decidió encerrarse en el estadio y esperar a los agentes de la Pelotón de Antidisturbios, según este escrito.
Cuando llegaron, según el relato que hace la Fiscalía, los procesados inmediato al resto de concentrados -que no han podido ser identificados- comenzaron a lanzarles objetos como piedras, adoquines, botellas de cristal o tapas de alcantarilla. Cinco agentes resultaron lesionados de diversa consideración por el impacto de dichos objetos.
La defensa, representada por Alerta Solidària, relataba que «unos 40 nazis exaltado del Gandiblues, del Club de Fútbol Gandía, se pasearon todo el día por la villa haciendo cánticos de enaltecimiento a Hitler, llenando las calles de pegatinas con la cara del dictador y amenazando a los vecinos y vecinas, que les recriminaban sus acciones». Tras esto, apuntan que «varios colectivos de jóvenes de la comarca se organizaron para echarlos a gritos» y censura que «ningún de los ultras del Gandiblues ha sido perseguido ni por la Policía ni por la Fiscalía».
Sentencia «agridulce» para la defensa
A la salida del motivo, los condenados han sido recibidos por un asociación de una treintena de familiares y amigos, quienes han permanecido fuera del edificio frente a la imposibilidad de seguir la sesión en directo, ya que la sala era pequeña. Asimismo han acudido representantes políticos como los concejales del Concejo de Alicante de Compromís y EU-Podem, Sara Llobell y Manolo Copé, respectivamente; o el exdiputado de Compromís en Les Corts Josep Nadal.
Los condenados y el asociación de apoyo han desplegado varias pancartas con símbolos antifascistas y lemas como ‘Prou repressió als que lluiten’ -Pespunte de represión a los que luchan- o ‘Absolució Joves de Pego’ -Absolución jóvenes de Pego-. El portavoz del Grup de Suport als Encausats de Pego, Andrés Bonet, se ha mostrado «muy contento» tras el acuerdo posteriormente de unos «abriles complicados» y ha agradecido a las personas que han apoyado a los encausados durante este tiempo.
En cuanto a los abogados de la defensa -Maria Josep Martínez, Joan Bertomeu y Andreu Bronceado-, Martínez ha afilado que se proxenetismo de un pacto «agridulce», ya que consideran que «no es reto una sentencia condenatoria». «No es agradable tenerte que conformar y aceptar una culpabilidad en la que no crees y dar por verídico un relato que es una verdad legal», ha sostenido, pero ha añadido que la posibilidad de una pena de prisión, la petición de ocho abriles de calabozo de la Fiscalía y de cinco abriles de la imputación particular, ha destinado al acuerdo.
«Motivación política» del proceso
No obstante, ha recalcado que la reducción de posiciones de Fiscalía y imputación particular «absolutamente increíble» evidencia, a su motivo, «lo abultado y exagerados que han sido los hechos», así como «la injusticia de todo este procedimiento».
Adicionalmente, ha considerado que no entraban «en igualdad de condiciones» al motivo, puesto que ha denunciado que «la credibilidad que tiene la Pareja Civil no es igual de cara al tribunal» que la de los acusados; al tiempo que ha censurado las «condiciones de desproporción» del motivo, con la «transgresión del derecho a la intimidad» porque los agentes «han pasado cinta en la calle para que los acusados entraran uno a uno». «Es una desproporción que evidencia la motivación política de todo este proceso», ha aseverado.
La abogada ha criticado que estos 14 jóvenes hayan estado cuatro abriles «con una posibilidad de prisión de hasta ocho abriles por deber participado en una manifestación y deber plantado cara a un asociación de fascistas que habían ido a Pego, habían increpado a la población y habían generado malestar, y contra los que siquiera ha habido ninguna interpretación».
En la misma camino, Bertomeu ha sostenido que se trataba de acusaciones «totalmente desproporcionadas» y con «dudas» sobre las pruebas, pero lo ha calificado de «satisfactorio» a nivel técnico. A nivel decente, ha ensalzado la «movilización social» de apoyo y el «ejemplo» de los 14, que cree que «han trasladado la fuerza a la hora de negociar».
Igualmente, Bronceado ha insistido en que «no es agradable», porque han conveniente «aceptar unos hechos muy discutibles», pero ha reiterado que «la idea era evitar en todo caso la posible entrada a la calabozo».