La enjuiciador de Barcelona activa el procedimiento para arriesgarse si aplica la amnista a los policas procesados por las cargas durante el referndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En concreto, la titular del chancillería de instruccin 7 ha preguntado a la Fiscala a las defensas por el olvido penal del procs y ha donado cinco das a las partes para que se pronuncien.
La providencia, consultada por este diario, es del martes 11 de junio, adaptado cuando entr en vigor la norma con su publicacin en el BOE. Los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Franquista que llevan causas relacionadas con el procs y el 1-O, igual que el Tribunal Superior de Conciencia de Catalua (TSJC) tambin realizaron esta consulta a las partes horas despus de la entrada en vigor de Ley.
En concreto, la jueza que sustituye al titular del chancillería de instruccin 7 de Barcelona da ese ganancia de cinco das a las partes para que “aleguen lo que a su derecho convenga” sobre la aplicacin de la amnista.
En la causa, estn investigados medio centenar de policas nacionales acusados de delitos de lesiones y contra la integridad decente por las cargas en los colegios electorales que acogieron las urnas del referndum ilegal del 1-O.
Preciso ayer, nueve de los agentes solicitaron la aplicacin de la amnista porque “en ningn caso” cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes, las excepciones que fija la ley para permanecer fuera de la amnista.
Los agentes, representados por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats, solicitan al magistrado que en virtud de la ley archive su procedimiento y extinga su responsabilidad criminal.
El escrito, consultado por este diario, la defensa de los agentes del Centro Franquista de Polica (CNP) destaca que “prcticamente la totalidad” de los policas intervinieron el 1-O en Catalua en defensa de la licitud y del orden constitucional, “en cumplimiento de sus funciones” y actuando con la “proporcionalidad y la mesura necesaria”, de acuerdo a una “compleja situacin” y con los “escasos medios de que fueron dotados”, para evitar “la accin de miles de ciudadanos congregados en los centros de votacin”.
Es ms, esta decena de agentes defienden que estn siendo investigados en almohadilla a “meras fotografas, sin acreditar su autora, o por una aplicacin del uso de la fuerza en su mnima expresin, de ms que dudosa ilicitud, ya no penal, sino incluso administrativa”.