La moción de censura impulsada por el PSOE para desalojar al corregidor de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, precisa de equilibrios complejos. Esencialmente, que se contagien de la carestia de apoyarla tanto PP como BNG, en almohadilla a la situación de importancia y excepcionalidad que atraviesa la ciudad. Si descuido alguno, la moción acabará en vía muerta. El PSOE invitó a las otras dos formaciones a iniciar hoy un proceso de negociación, pero la presencia del BNG está en el elegancia, y con ella la viabilidad de la operación.
La cita es hoy jueves, a partir de las 11 de la mañana, en el Colegio de Orense. La anfitriona será la portavoz socialista en el Concello, Natalia González. Ha confirmado su audiencia el PP particular, que enviará a su portavoz Sonia Ogando y a la coordinadora Noelia Pérez. La única condición puesta por los populares para que la operación siga delante es que participen de ella todas las fuerzas de la examen, y eso incluye a un BNG que en los últimos dos días ha guardado un sepulcral silencio respecto a qué hará.
El hermetismo de los nacionalistas es invariable. En las últimas semanas su rostro en la ciudad, Luis Seara, sí había fijado líneas rojas para una eventual moción contra Jácome: que el PP rompiera su pacto con DO en Concello y Diputación, y que los conservadores no ostentaran ningún cargo en un gobierno municipal posible. «No haremos corregidor ni teniente de corregidor a nadie del Partido Popular. El BNG es la antítesis de todo lo que representan los populares», alegó Seara el pasado 31 de mayo.
Conocedor de estos vetos, el PSOE consideró que la iniciativa de la moción de censura debía partir de sus filas, a pesar de ser el tercer clan de la corporación municipal. Por eso el pasado martes hicieron sabido el denominado ‘Pacto de la concordia’, una almohadilla de 14 propuestas sobre las que construir una acto de gobierno hasta las próximas elecciones municipales. El texto no aborda cuestiones de más calado, como quién sería el corregidor y qué formato tendría ese hipotético gobierno posible. Esas cuestiones quedan relegadas a la negociación que puede despuntar hoy, si es que el BNG finalmente acude.
Las escuchas, al magistratura
La situación legislativo del corregidor además acumula novedades. Según se conoció este miércoles, la Fiscalía de Orense ha decidido remitir a un Tribunal de Instrucción de la ciudad las denuncias formuladas por la examen tras conocerse durante la pasada campaña los llamados «audios de la corrupción» de Pérez Jácome. En estas conversaciones del corregidor, publicadas por el diario particular La Región, se le escuchaba cuchichear de «sobreprecios» en obras públicas, supuestas comisiones cobradas a concesionarios, «monises infausto», donaciones presuntamente irregulares a su partido político, «sobornos», comisionistas…
Según la documentación a la que ha accedido torrevieja news today, la Fiscalía da por concluidas sus diligencias y ha decidido presentar denuncia en un magistratura de la ciudad. En su escrito acumula hasta cinco denuncias presentadas en presencia de el Servicio Conocido, si acertadamente no aclara por qué presuntos delitos debe investigar el futuro instructor. Cuando incoó las diligencias originales, los supuestos denunciados fueron los de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, financiación ilegal de partidos, cohecho, falsedad documental, ordenamiento criminal y enyesamiento de capitales.
En paralelo, un exconcejal de Democracia Ourensana durante el pasado mandato ha presentado una denuncia por vía administrativa en el Concello reclamándole al corregidor la devolución «de los salarios públicos percibidos por su dedicación monopolio» desde que accedió al cargo, en junio de 2019, por una supuesta incompatibilidad de los mismos con los ingresos que Pérez Jácome recibe de su tienda, Jolper Música SL.
Este requerimiento es fruto de otra denuncia que este exedil, integrado en la Coalición de Centro Tolerante, interpuso en presencia de la Fiscalía, por entender que Jácome había simultaneado el cobro de su sueldo como regidor con los ingresos de su empresa deudo «a sabiendas de su incompatibilidad». El Servicio Conocido decidió el 13 de mayo custodiar esta denuncia, que atribuía al corregidor la comisión de supuestos delitos de prevaricación y malversación.
Pero en su escrito, el fiscal sí identificaba «una situación irregular», ya que para cobrar uno y otro sueldos Jácome debería suceder solicitado una petición de compatibilidad, y esta suceder sido aprobada por el Pleno municipal, poco que iba a hacer -estaba en el orden del día- pero de lo que acabó desistiendo. Por consiguiente, para el fiscal hay «una situación irregular» que infringe el régimen de incompatibilidades de la constitución de las entidades locales, y «deberá ser depurada», al tiempo que remite el caso «a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, por si se derivase de dicha irregularidad algún tipo de responsabilidad contable».