Madrid prohibirá la venta de derivados del cannabis a menores, y sus tiendas no podrán estar a menos de 300 metros de centros educativos


Madrid prohibirá la liquidación de derivados o sucedáneos del cannabis a menores de época en establecimientos o a través de máquinas: ni aceites, ni vapeadores, ni productos derivados del CBD. Y no podrán estar los centros que venden estos productos a menos de 300 metros de centros educativos. Su patrocinio igualmente estará vigilado para que no se relacionen con mejoras del estado físico o la salubridad, y se prohibirá la liquidación y distribución de estos productos en farmacias (aunque desde el Colegio oficial se aclara que este tipo de vapeadores o gominolas no son distribuidos asiduamente por estos establecimientos). Adicionalmente, va a vigilarse especialmente el merchandising sobre estos productos, y que les muestra en ocasiones como poco agradable o divertido.

Estas novedades estarán en la modificación de la Ley de Drogodependencias y Adicciones en que trabaja el Gobierno regional y que quiere proteger a los jóvenes sobre el uso de la mariguana, una droga con «enseres demoledores en países que antiguamente admirábamos» y «no queremos que esto pase en la Comunidad de Madrid, ni abandonarse a nuestros jóvenes», ha explicado Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña lleva tiempo manifestando en sabido su preocupación por el consumo de drogas, especialmente por el cannabis, muy extendido y tenido por muchos como poco inofensivo, pero que la política recuerda que está detrás de muchos problemas de salubridad mental. Para frenar su consumo y el de otras sustancias, anunció recientemente en la Asamblea de Madrid la puesta en marcha de un plan regional dirigido a los jóvenes, contra el consumo de mariguana, los vapeadores y los derivados del CBD.

En este camino se le enfrenta Más Madrid, que apoya la certificación de la mariguana. Ayuso está convencida, sin incautación, de que este es un camino desacertado, porque las drogas destrozan «vidas enteras, provoca fracaso escolar, personal, profesional, destroza vidas enteras… y desde muy jóvenes, desde los 12, 13, 14 abriles los niños están empezando a consumir mariguana y otras sustancias parecidas, que son tan perjudiciales».

Ese plan regional contra las drogas incluirá campañas de prevención, para todas las edades y con un software de actividades deportivas, culturales, de ocio, en los colegios y fuera. Habrá campañas específicas contra el ‘chemsex’, la maña que incluye consumo de drogas en largas sesiones de sexo. Y se triplicarán «las plantillas de profesionales para a posteriori, cuando algunos hayan caído, tener ayuda de médicos y de sanitarios para ayudar a la drogodependencia, a la prevención del suicidio, a la salubridad mental».

El cannabis, según datos del sistema regional de vigilancia de adicciones, es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 abriles. El 27,8% lo ha hecho en alguna ocasión, el 21,8% en el final año y el 14,5% el final mes. La época media de su inicio es 14,8 abriles.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid va a aprobar una ley que elimina los términos peyorativos sobre discapacidad que puedan aparecer en las normas en vigor en la Comunidad de Madrid. Poco que igualmente iba a hacerse en el Estatuto madrileño, por unanimidad de los grupos en eliminar el término «minusválido», pero que se ha aplazado porque esta modificación hacía necesario transigir al Congreso de los Diputados el Estatuto, y el Gobierno regional desconfiaba de lo que pudiera votarse allí, con las actuales mayorías parlamentarias.

Díaz Ayuso ha llevado la elaboración de esta ley al Consejo de Gobierno, «para asegurarnos de que no hay un solo término peyorativo sobre la discapacidad en toda la norma madrileña».

El objetivo de la nueva norma, de la que ya se habló el pasado marzo, es identificar estas menciones poco adecuadas o peyorativas sobre la discapacidad, para suprimirlas para siempre de todas las leyes y los decretos de la Comunidad.

Díaz Ayuso ha recordado que la Sucursal regional ha sido pionera a la hora de «introducir la figura del facilitador jurídico para ayudar a este colectivo a relacionarse con la Probidad», acompañándoles en cualquier parte del proceso y garantizando de esta guisa todos sus derechos.

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