Formalmente, la fiscalía es un organismo autónomo. Aunque igualmente lo es el CIS, y ya se sabe la estrecha vinculación que hay entre su director y Moncloa.
Con la fiscalía caudillo ocurre lo mismo: nadie duda de que las decisiones del fiscal caudillo están, como poco, inspiradas en los deseos del gobierno. Y eso le ha provocado serios problemas. Por ejemplo, que se anulara el designación de su antecesora y ministra de Imparcialidad, Dolores Delgado, como fiscal de sala. O que el propio fiscal caudillo fuese reprobado en el Senado. O que el poder jurídico lo declarase no idóneo para el cargo.
Pero Álvaro García Ortiz, igual que Tezanos, resiste. Ahora se enfrenta a dos problemas simultáneos. El primero es con los cuatro fiscales del discernimiento del procés, convencidos de que el delito de malversación no es amnistiable, en contra del criterio del fiscal caudillo y de Moncloa.
El otro problema se ha reconfirmado, cuando la fiscal de Madrid ha obvio delante un tribunal que fue el fiscal caudillo quien dio la orden de propagar datos privados del novio de Ayuso. Y aquí estamos delante un posible delito. No es un asunto último.
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