Ya no son 4.000 millones de euros. Ahora son «más de 6.000 millones». Y el Empleo de Transportes «no tiene» esa cantidad. Su titular, Óscar Puente, elevó este viernes la cuantía que supondría al Estado cumplir con las demandas de Galicia, doblemente avaladas esta semana por el Congreso, frente a la que él mismo dio todavía en la Cámara Disminución. Y sólo quince días a espaldas. Entonces habló de 4.000 millones de euros, que ya advirtió de que eran inasumibles. Este viernes ha insistido en que el rescate de la concesión, en manos de Audasa hasta 2048, supone eso, 4.000 millones. Pero añadió que transferir las competencias equivale a «entre 12.60 y 2.600 millones». Total: más de 6.000.
Para más inri, lo dijo en Galicia, en Lugo, donde anunció que la nueva temporada intermodal estará relación en 2025. Y que el tramo Melide-Palas de Rei, de la A-54, se abrirá al tráfico un poco ayer, a finales del año en curso. Y a modo de apoteosis, todo a preguntas de los medios de comunicación, se permitió frivolizar sobre la demanda conforme del Parlamento de Galicia (PP, BNG y PSOE) de que le sea transferida la infraestructura a la Comunidad, y se acabe con los peajes. «Si alguno pone el hacienda», dijo, «nosotros encantados de rescatarla y transferirla». Y en su estilo socarrón, apostilló: «Para pedir nos apuntamos todos, pero hay que ser consecuentes».
Sí logró Puente poco ausencia sencillo: poner de acuerdo a BNG y PP. Preguntados uno y otro portavoces parlamentarios por las declaraciones del exalcalde de Valladolid, la nacionalista Ana Pontón replicó que «la credibilidad del Gobierno y del ministro» quedan «en interdicto». El único diputado de su partido en el Congreso, Néstor Rego, añadió que «aquí es donde se demuestra la seriedad y rigor con la que el ministro de Transporte aborda» este asunto.
«No llevo ausencia suelto», tiró con retranca el popular Albero Pazos, en respuesta al «si alguno pone» los 6.000 millones de Puente. Cantidad que, criticó, «va incrementándose según se incrementan los nerviosismo del ministro», de quien dijo que su «rigor» resulta «francamente mejorable». El brinco de más de 2.000 millones, añadió, «supera las previsiones más negativas de inflación del propio Gobierno».
No es en reprochar los vaivenes de Puente en lo único que coinciden PP y BNG: uno y otro instaron a Transportes a elaborar y divulgar un estudio sobre el coste de transferir y rescatar la AP-9 que dé respaldo a las declaraciones del ministro, que se limita a, vagamente, afirmar que la emblema se la dieron los técnicos del profesión. Aunque hay una discrepancia: los nacionalistas instan a Alfonso Rueda a presentar, por su parte, un segundo referencia, y remitirlo al Pazo do Hórreo. El PP considera que «no tiene demasiado sentido», por tratarse de una infraestructura estatal.
[En elaboración]