El Judicatura de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar ha concertado la comprensión de entendimiento verbal al exalcalde socialista de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, así como a dos de sus concejales, Francisca Cebrián Navarro y Jesús García Sáiz. Este posterior es contemporáneo teniente de corregidor de la villa bajo el mandato de la asimismo socialista Joaquina Sáiz.
Los acusados se enfrentan, solicitado por la Fiscalía, a 10 abriles de inhabilitación exclusivo para empleo o cargo sabido y para el prueba del derecho de sufragio pasivo. Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando en la subasta de unas obras, los tres acusados no siguieron el procedimiento justo que contempla la Ley de Contratos del Sector Conocido, «a pesar de su experiencia y a sabiendas», según recoge la propia Fiscalía en su escrito.
El procedimiento procesal se iniciaba en abril de 2021, cuando el entonces portavoz del Partido Popular en el consistorio quintanareño, José Talaya, interponía una querella por un supuesto delito de prevaricación contra los tres responsables socialistas.
El 14 de marzo del pasado año, el mediador dictaba un automóvil en el que, posteriormente de practicar las diligencias oportunas del proceso, con las declaraciones de acusados, recriminación y testigos, exponía que las actuaciones practicadas permitían presumir de forma indiciaria la comisión de un delito de prevaricación de los investigados (antigua figura de imputados) y daba traslado a la fiscalía y a la recriminación particular para que procedieran a emitir el escrito de recriminación, solicitando la comprensión de entendimiento verbal.
Ha sido finalmente este mes de junio, en concreto el pasado día 7, cuando el mediador, manido el escrito de recriminación de la Fiscalía, ha concertado la comprensión de entendimiento verbal contra los citados Martín Cebrián, exalcalde de la villa de 2007 a 2015 y durante la pasada lapso, es sostener, de 2019 a 2023 y asimismo contra los concejales Francisca Cebrián y Jesús García por el delito de prevaricación, declarando como entraña competente para arbitrar la causa a la Audiencia Provincial de Cuenca.
La querella que interpuso el exportavoz del Clase Popular en el Junta de Quintanar del Rey, José Talaya, fue debida a la ilegal forma en la que se adjudicó y ejecutó un concurso sabido cuyo objeto era un arreglo fósforo de suministros y obras para la dotación de instalaciones complementarias en un teatro multiusos.
El representante popular alertó de que el entonces corregidor y sus dos concejales «se saltaron toda la norma justo de la Ley de Contratos del Sector Conocido. La adjudicación y ejecución de esa obra fue la chispa que colmó el vaso de una forma de manejar autoritaria, pasando por encima de la Ley. El escrito de recriminación de la Fiscalía corrobora todos y cada una de las presuntas ilegalidades reflejadas en la interposición de la querella«, según informa el PP en un comunicado.
«Aunque la honestidad es lenta, al final llega y este asunto debe ser un punto de inflexión en la forma de manejar en Quintanar. Nadie está por encima de la ley y los gobernantes públicos deben ser ejemplo para la ciudadanía. En el caso que nos atañe, pese a deber transcurrido ya tres abriles, la honestidad pondrá las cosas en su sitio», afirma Talaya, quien apunta que «el concejal imputado Jesús García Saiz, que todavía ejerce como tal en el consistorio, debería dejar su certificación de inmediato en colchoneta al propio código ético de su partido, el PSOE».