La hemeroteca no olvida y los registros siquiera. La filosofía contraria a los pisos turísticos que el BNG defiende en su trámite del concello de Santiago mínimo tiene que ver con la postura que este mismo partido mantenía hace seis abriles en presencia de el mismo engendro. En ese momento, con Compostela Aberta en el gobierno tópico y Martiño Noriega como corregidor, los nacionalistas trataron de enmendar la modificación a través de la que el regidor intentó prohibir los pisos turísticos en la zona monumental de la ciudad, que finalmente fue tumbada por un togado. En su argumentación, el BNG de aquel entonces apelaba a los propietarios de este tipo de vivienda que se habían hexaedro de incorporación en el registro de la Xunta (activo desde 2017), único requisito para emprender la actividad de forma regulada. Sobre la situación en la que quedaban los afectados por la modificación del plan singular liderada por Noriega, el BNG indicó en un documento datado en octubre de 2018 que «no se le puede imputar a los propietarios de las VUT un incumplimiento de normas no definidas», en cita al carácter retrospectivo que tenía la prohibición promovida por Raxoi, y que finalmente paralizó un tribunal.
Sobre el asunto, los nacionalistas compostelanos asumían que el texto auténtico se debería modificar para aclarar que «dada la situación de inseguridad jurídica creada por la suministro autonómica y por la municipal, y hasta que se aclare jurídicamente si es competente o no el concello para solicitar un título habilitante» estas viviendas podrían seguir funcionando. En concreto, exponían: «Las viviendas de uso turístico registradas con anticipación a la aprobación definitiva de la citada Modificación podrán desarrollarse con normalidad como alojamientos turísticos si disponen de la autorización autonómica». Es aseverar, si están dadas de incorporación en el REAT.
El posicionamiento conecta con las declaraciones ofrecidas por la coetáneo regidora de la haber gallega, que en varios encuentros con los colectivos afectados les trasladó su voluntad de regular los pisos turísticos activos en el registro autonómico, entre 650 y 800 en toda la ciudad. En la misma raya, el BNG se abstuvo en la modificación impulsada por el ejecutor de Xosé Sánchez Bugallo el pasado invierno, cuando se decretó el pestillo de las VUT en buena parte del municipio. En concreto, su terminación en toda la almendra de la ciudad y su supervivencia sólo en bajos y primeros de la zona nueva. En ese momento, con un corregidor aún socialista al frente, los contactos con las asociaciones de propietarios hacían pensar que una eventual arribada del BNG a Raxoi relajaría el círculo. Es más, portavoces de estas plataformas depositaron todas sus esperanzas en una norma en la que -esperaban en pulvínulo a estas conversaciones- se regularizase a todos los que tenían inmoralidad autonómica y estaban funcionando desde antiguamente de la citada modificación. La sorpresa, cuando la alcaldesa les comunicó que la situación no iba a variar una coma de la aprobada en pleno por Bugallo, fue importante.
Echando la perspectiva detrás a posteriori de abriles de enfrentamiento con hasta tres ejecutivos distintos, los propietarios de estos pisos asumen sobre la política con las VUT preexistentes que «donde dije digo digo Diego» para no ofrecerles una situación que, insisten, pelearán en los tribunales. Y lanzan una pregunta al meteorismo que aún no tiene respuesta: «Qué pasará con las 4.000 plazas de alojamiento que Santiago dejará de ofrecer?»
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