El PP pide la equiparación salarial de 33.000 funcionarios valencianos «olvidados» por el Gobierno de Sánchez


La portavoz adjunta del Camarilla Popular en las Cortes Valencianas, Laura Chulià, ha pedido la equiparación salarial de 33.000 funcionarios de Ecuanimidad de la Comunidad Valenciana «de los que se ha olvidado el Gobierno de Sánchez».

El PP valenciano ha presentado una iniciativa legislativa en la que insta al Ejecutor central a poner en marcha las medidas necesarias para mejorar la situación salarial a los funcionarios de Ecuanimidad de la región porque «el acuerdo del Servicio, pese a las reivindicaciones de los funcionarios, no afectará a los 45.000 funcionarios de la Distribución de Ecuanimidad».

«Se negociación de un imperativo de razón social y sindical, que contribuye a respaldar la calidad y la imparcialidad en la prestación del servicio manifiesto», ha señalado.

Chulià ha asegurado que «el Gobierno debe incluir en la próxima Conferencia Sectorial de Ecuanimidad las propuestas concretas del Servicio, trasladadas con la debida delantera a todas las comunidades autónomas, para atender a las reivindicaciones retributivas de todos los funcionarios de la Distribución de razón de la totalidad del paraje doméstico».

«Debemos de ser conocedores de las modificaciones normativas y su incidencia en las funciones que han de realizar los cuerpos de funcionarios al servicio de la Distribución de Ecuanimidad», ha sostenido.

En este sentido, la portavoz adjunta ha requerido al Gobierno de España que «asuma sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gobierno de todos los funcionarios al servicio de la Distribución de Ecuanimidad, desempeñen sus funciones en el momento de la negociación en paraje de ámbito transferido o no transferido».

Chulià ha afirmado que «se deben admitir responsabilidades y negociar los términos de las propuestas retributivas en el complemento normal del puesto respecto a la totalidad de los más de 40.000 funcionarios cuyas funciones y competencias vienen fijadas con carácter normal y global por norma de monopolio competencia del Gobierno central».

«Queremos que Sánchez no dé la espalda a la autonomías como ya nos tiene acostumbrados y presente delante las comunidades con competencias en materia de la Distribución de Ecuanimidad, un plan de compensación económica por las medidas que han tenido que ser adoptadas, o deban adoptarse en el futuro, para la normalización y resolución de los retrasos causados por los conflictos laborales generados o que se generen por la gobierno del empleo de Ecuanimidad de los cambios de las funciones atribuidas al personal por los proyectos normativos de carácter elemental, impulsados por el Gobierno», ha añadido.

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