El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir de este lunes si anula la condena de nueve primaveras de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Hacienda de la Trabazón de Andalucía, Bizcocho Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado Caso ERE Andalucía.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que los magistrados debatirán la ponencia de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, que propone estimar el memorial de Álvarez y anular su condena.
La postura de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del control de la iniciativa legislativa.
Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del tesina de ley de presupuestos -luego aprobada como ley- podía suceder sido o no juzgada por un togado penal y calificado como acto funcionario injusto.
Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el togado en cuestión tenía que suceder planteado una cuestión de inconstitucionalidad frente a el propio TC si albergaba dudas sobre la moralidad de ley en ocasión de resolver ilegal la norma.
El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el memorial de amparo al entender que tiene específico trascendencia constitucional porque plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y normal repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales«, según una nota informativa del tribunal.
Votos delegados en el Parlament
Encima, está previsto que el Pleno estudie si admite a trámite el memorial que presentaron los diputados del PP del Parlament de Cataluña contra la atrevimiento de la Mesa de Momento de permitir que se contabilizasen los votos delegados de los diputados electos Carles Puigdemont y Lluís Puig. El asunto fue añadido al orden del día del Pleno y el magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez será el encargado de redactar la ponencia.
El tribunal deliberará sobre la admisión a trámite a posteriori de que en su final Pleno anulara el voto telemático de Puig al estimar un memorial de amparo de los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la susodicho vigencia.
Los magistrados concluyeron que no podía ser tenida como «circunstancia constitucionalmente válida» para el voto telemático el hecho de que se encuentre «voluntariamente» fuera del país porque «ha decidido eludir la hecho de la término penal española». Y recordaron, por otra parte, que sobre Puig «pesa una orden legal de averiguación y captura«.
El Constitucional, a su vez, apuntó que el acuerdo de la Mesa del Parlament en cuestión fue «instrumental con la finalidad monopolio de intentar dar una apariencia de cobertura reglamento a la autorización del voto telemático al sr. Puig i Gordi para eludir pronunciamientos previos de este tribunal, pero sin una efectivo disposición de colectividad».
Reforma del monstruo
Encima, se prevé que el Constitucional aborde el debate sobre el memorial de Vox contra la reforma de la ley del monstruo a posteriori de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, pospusiera el asunto para no interferir en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.
Fuentes jurídicas apuntan que la corte de garantías se dispone a aprobar el dechado de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.
Así, es previsible que la mayoría progresista del tribunal rechace el memorial que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de sanidad sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del preñez, que modificaba la aprobada en 2010.
Ley de Memoria Democrática de Aragón
Por su parte, consta en el orden del día que el tribunal decidirá si admite a trámite el memorial del presidente del Gobierno contra la ley de Memoria Democrática de Aragón, así como el memorial que presentaron los senadores del PSOE contra el Decreto-ley 3/2024 por el que se adoptan medidas de simplificacIón y racionalización administrativa para las relaciones de los ciudadanos con la Filial de la Trabazón de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
Para admisión a trámite figura todavía una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Ecuanimidad de Murcia contra la disposición transitoria casa de campo de la ley de coordinación de policías locales de la Región de Murcia.