El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra el decreto de simplificación de la Junta de Andalucía


Juan Espadas acusa al Gobierno andaluz de «disminuir y precarizar el ordenamiento legal autonómico»

Juan Carlos Campo, ex ministro de Honradez y ex diputado por Cádiz ha sido ponente en el TC

Tribunal Constitucional abc

El solicitud presentado por 50 senadores del PSOE contra el cuarto decreto-ley de simplificación de la Reunión de Andalucía, una de las medidas destino de esta asamblea, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa, promovida por el secretario normal del PSOE-A, Juan Espadas, apuntaba específicamente a un «uso indebido» de la fórmula del decreto ley por parte del Consejo de Gobierno para una iniciativa legislativa que revisa a 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes para disminuir trámites y proteger la actividad económica.

El solicitud sostiene que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía «por la yerro de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible infracción de los límites materiales». Esto ha sido suficiente para que el solicitud sea admitido y luego lo analice el Stop Tribunal en profundidad. No obstante, esto no tiene mercadería sobre su aplicación, ya que no supone una suspensión cautelar.

El ponente de esta iniciativa presentada por el PSOE es el ex ministro de Honradez y exdiputado del PP por Cádiz, Juan Carlos Campo, quien asimismo ocupó puestos en la Reunión de Andalucía como director normal para las Relaciones con la Agencia de Honradez y secretario normal de Relaciones con el Parlamento.

El secretario normal del PSOE-A, Juan Espadas, ha subrayado que esta admisión a trámite constata que «el presidente andaluz ha ido a disminuir y precarizar el ordenamiento legal en Andalucía con intereses que no se justifican desde el punto de apariencia de un mejor servicio de la Agencia a los interesados sino para eludir determinados controles y disminuir las garantías jurídicas de la Agencia andaluza».


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *