El fiscal militar del Estado, Álvaro García Ortiz, intentará hoy en la Comité de Fiscales imponer su criterio frente al que defienden los cuatro representantes del Profesión Notorio que se han torpe a cumplir la orden de aplicar una condonación total a los líderes del ‘procés’. No lo tendrá difícil, teniendo en cuenta que Dolores Delgado, primero, y él a posteriori han ido nutriendo y ampliando esa Comité –de la que forman parte 38 fiscales más el fiscal militar– con miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que uno y otro formaron parte hasta que asumieron la dirección de la Fiscalía. Ella lo hizo desde febrero de 2020 hasta julio de 2022, cuando renunció «por motivos de vigor». Él, desde entonces hasta hoy, pues tras la convocatoria electoral del pasado año fue reelegido fiscal militar pese a que el Supremo le acusó de desviación de poder y el Consejo Caudillo del Poder Legislativo (CGPJ) declaró su desliz de idoneidad.
En solo cuatro primaveras, García Ortiz y Delgado han prestigioso a 13 de los 18 fiscales de esta asociación, pese a que representa a unos 250 fiscales de los 2.550 que conforman la carrera (casi nada un 10 por ciento). Sin secuestro, la Asociación de Fiscales (AF), que es la mayoritaria y cuenta con 550 afiliados, tiene 9 representantes en esa Comité de Fiscales. Los otros 11 son no asociados como dos tercios de la carrera fiscal.
Ni a Delgado ni a García Ortiz les ha importado la opinión del Consejo Fiscal –donde la mayoría de los vocales electivos son de la AF– sobre estos nombramientos, hasta el punto de que han llegado a proponer a sus afines por encima del criterio de la mayoría. Por eso no es de apartar que la Sala Tercera del Supremo anulara hasta en dos ocasiones la selección, por parte de Delgado, del exportavoz de la UPF Eduardo Esteban como responsable de Menores, o la de Delgado en los dos puestos para los que fue propuesta por García Ortiz: primero al frente de la Fiscalía Togada del Supremo y luego en Memoria Democrática.
Con estos mimbres no resultaría extraño que los fiscales de la UPF se entreguen hoy al criterio de García Ortiz como hicieron de forma mayoritaria en la mencionado ocasión en la que la cúpula fiscal se reunió con motivo del noticia sobre admisión o inadmisión de la querella del novio de Ayuso contra la Fiscalía. El criterio de la número dos del fiscal militar fue respaldado entonces por los fiscales de la UPF (dos lo hicieron a medias) y por uno de la Asociación de Fiscales. Se alcahuetería de Jesús Alonso, reelegido por Delgado como fiscal-jefe de la Audiencia Franquista para un segundo mandato y a quien le une gran amistad.
El antecedente de la Comité
En esa ocasión todos los vocales no asociados votaron igual que los de la Asociación de Fiscales: a ayuda de la admisión de la querella y de que al menos se practicaran unas diligencias mínimas de investigación antaño de dar un portazo precipitado a un asunto que según va avanzando la investigación está poniendo a García Ortiz en una situación cada vez más complicada.
Aunque no se puede aventurar la postura que tomará cada uno de los 38 integrantes de esta Comité presidida por el fiscal militar, fuentes fiscales auguran que volverá a partirse en dos, poco que, como informó torrevieja news today, resulta indiferente a pertenencias del noticia que ordene presentar al final García Ortiz (el criterio de la Comité no es vinculante) pero le serviría para reanimar su postura si apetito. Si lo hace el criterio de los cuatro fiscales del Supremo –respetados y situados entre los vigésimo primeros puestos del escalafón– desde Fiscalía Caudillo se venderá que el asunto jurídicamente es discutible, señalan esas fuentes. De lo que nadie duda es de que García Ortiz impondrá el noticia que hizo conocido el viernes y de que los cuatro fiscales no lo piensan defender delante el Supremo.
Y es que cero más conocer la valoración jurídica que el viernes hizo el fiscal militar, le enviaron un escrito en el que le informaban de que no compartían sus argumentos para aducir la aplicación incondicional de la ley. «No desvirtúan en definitivo los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de guisa que son manifiestamente insuficientes para legalizar la viabilidad y el ajuste a la rectitud de la orden impartida por V.E. (…), por lo que a nuestro entendimiento la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la dialéctica jurídica y de rectitud penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas», apuntaron.
En ese mismo escrito, los fiscales le avanzaban que «si finalmente mantiene» la atrevimiento adoptada sobre la aplicación de la ley a la malversación, les releve de esta causa «para ser despachada por V.E. o quien designe a tales pertenencias» para cumplir con el trámite de informes a Llarena y a la Sala Segunda en plazo. Este plazo acaba mañana.
Causa de pega
Como ya informó torrevieja news today, la postura de la Fiscalía no es vinculante para los magistrados que podrían acoger el criterio de los cuatro fiscales del ‘procés’ y considerar, igual que ellos, que la malversación que cometieron los líderes independentistas es una causa de pega de la propia l ey de Condonación que deja fuera este delito cuando haya existido propósito de beneficio personal o beneficio patrimonial.
Los fiscales recuerdan que el propio Supremo ha considerado que ese propósito existió en los casos de los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, y todavía en los de los procesados fugados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig.
«Es claro que concurren (en ellos) todos los medios del tipo penal: infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos y beneficio patrimonial en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y actitud de rendimiento», dicen los fiscales. A ello se añade que, «conforme al derecho comunitario, la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea» y que la legislación del TS ve «perfectamente compatible la desviación de fondos de su destino con la apropiación de fondos no restituidos con actitud de rendimiento».