Carles Puigdemont asegura que el Tribunal de Cuentas “no tiene competencia para idear directamente una cuestión prejudicial delante el Tribunal de Conciencia de la Unión Europea (TJUE)” por la ley de condonación.
A través de un escrito, el expresidente catalán argumenta que el Tribunal de Cuentas no cumple con el requisito de independencia que obliga la norma europea ya que considera es un entraña es municipal.
El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, ha defendido por escrito a la providencia que el pasado 11 de junio emitió la consejera del Área Segundo de la Sección de Opinión en la que preguntaba a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana y a las defensas de los 35 encausados si creían que debía idear una cuestión prejudicial al TJUE al tener sido publicada la ley de condonación en el BOE.
Boye utiliza como argumento que según el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) la posibilidad de idear cuestiones prejudiciales “está reservada a los órganos jurisdiccionales de los estados miembros”. Reconoce que el Tribunal de Cuentas de nuestro país es un entraña constitucional y tiene funciones tanto administrativas como jurisdiccionales, pero matiza “esto no le confiere automáticamente la condición de entraña municipal”.
Subraya que el TFUE obliga a que para adscribir de entraña municipal ha de tener carácter permanente, que tenga comarca obligatoria que haya un procedimiento contradictorio, que aplique normas de derecho y que sea independiente”.
Reprocha Boye que el Tribunal de Cuentas ha incurrido en una “sistemática transgresión del derecho de la Unión” en contra de su cliente que por ahora tiene inmunidad por su calidad de parlamentario europeo. Entiende que el procedimiento campechano contra Puigdemont es “claramente sancionador” y que la norma europea señala que la inmunidad se aplica a procesos en los que “la paquete que se pueda imponer sea, por su naturaleza y graduación de severidad, una paquete penal, independientemente de que la infracción no pueda ser castigada con una pena de prisión”.
“Luego, tanto para las actuaciones previas como para el procedimiento de reintegro por gravedad, era preceptiva la concesión previa del correspondiente suplicatorio, que debió ser solicitado delante el Parlamento Europeo. El hecho de que esto se omitiera desde el principio no exime su cumplimiento durante el curso del procedimiento”.
Boye critica que en este entraña “solo se está perdiendo el tiempo e incurriendo en compra conocido indebido” y urge a que aplique sus propias normas en el caso relativo a los gastos del ‘procés’ y proceda a aplicar la condonación sobre los encausados.
Cita el artículo 8 para memorar que el perdón se extiende a los procedimientos tramitados delante el Tribunal de Cuentas. Y por ello, concluye pidiendo que “se alcen las medidas cautelares acordadas en su día y se archiven las presentes actuaciones sin incurrir en cualesquiera otras aventuras jurídicas carentes de cualquier sustento justo”.
En la providencia previa, la consejera exponía que hay una serie de artículos de la ley de condonación “que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea”.
Algunos de esos preceptos son los relativos a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación honrado”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” y a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”.
Por otra parte de Carles Puigdemont la tira de los 35 encausados se completa con el todavía expresidente Artur Mas, exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal;y delegados en el extranjero que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).