La Concilio de Fiscales de Sala ha avalado el criterio del fiscal caudillo del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de gracia a la malversación. Este delito se atribuye a los perseguidos y condenados por el Primero de Octubre, y la solicitud incluye insubordinar las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira. Tras una reunión de más de cinco horas, y por 19 votos a auspicio y 17 contrarios, ésta es la posición mayoritaria de los fiscales que integran esta sala.
En total, asistieron 37 fiscales. Acudieron presencialmente al armonía 34 de ellos, regalado que dos fiscales -Beatriz Sánchez y Teresa Gisbert- comparecieron por vía telemática. Según las fuentes consultadas, 13 fiscales no hicieron uso de su turno de palabra.
García Ortiz contó con el apoyo, entre otros, de su antecesora, Dolores Delgado; el fiscal en presencia de el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; y el fiscal dirigente de la Audiencia Franquista, Jesús Alonso. Entre los que votaron en contra de su postura, se encontraban la que fuera fiscal caudillo durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, María José Segarra, y el fiscal dirigente Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Dolores Delgado
Dolores Delgado participó pese a que el Supremo anuló su proclamación como fiscal de Sala de Memoria Democrática porque el Gobierno aún no ha ejecutado la sentencia. Por su parte, Isabel Rodríguez Mateo, nueva fiscal de Sala de la Fiscalía Togada en sustitución de Delgado, no pudo participar porque aún no ha tomado posesión de su cargo.
Tras conseguir el aval de la cúpula fiscal, García Ortiz encargó a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal de Sala dirigente de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa, que asuman la causa del procés y presenten el noticia de la Fiscalía en presencia de el Supremo.
Condonación y Malversación
La Concilio de Fiscales se decantó por el criterio de García Ortiz frente a la de los fiscales hasta ahora encargados de la causa del procés en el Supremo. Estos defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados por el proceso independentista catalán, al entender que tuvieron actitud de provecho y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que, a su seso, dejaba este delito fuera de la gracia.
La mayoría coincidió con el fiscal caudillo en que, tras la entrada en vigor de la ley, “procede fallar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como insubordinar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, lo que incluye la orden doméstico de detención activa contra Puigdemont.
La discrepancia partía de que los fiscales del procés -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Oscuro y Fidel Condena- consideraban “improcedente” amnistiar la malversación que se le atribuye a Puigdemont, a exconsejeros procesados en rebeldía, a Oriol Junqueras y a los exconsejeros condenados en la causa del 1-O.