La absolución de Magdalena Álvarez beneficiará a otros condenados por prevaricación en el caso de los ERE


La absolución por parte de el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de la exministra socialista Desconsolada Álvarez del delito de prevaricación por el caso de los ERE fraudulentos de la Juntura de Andalucía, que provocó un agujero de 680 millones de euros en las arcas públicas andaluzas, abre vía expedito a otros exaltos cargos socialistas incluso condenados por este delito.

El TC ha estimado este martes el procedimiento de amparo de la exministra socialista contra las sentencias que la condenaron a nueve primaveras por prevaricación continuada en el caso ERE. Son varios los condenados por este delito los que podrían ver rebajadas o anuladas sus penas tras dicho precedente.

Por otra parte de Álvarez, son 14 los exaltos cargos de la Juntura de Andalucía inhabilitados según el falta ratificado por el Tribunal Supremo en 2022 sobre los que cabría el amparo ahora admitido por el TC que se une al procedimiento presentado por los expresidentes de la Juntura de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chavez, que encuentran una quebrantamiento de derechos en la sentencia.

José Antonio Griñán fue condenado a 15 primaveras de inhabilitación por el delito de prevaricación, por otra parte de a seis primaveras de calabozo por malversación. Sin retención, el pasado junio su ingreso en prisión recibió una prórroga de cinco primaveras, los que precisaría para tratar su cáncer de próstata, y está irresoluto la resolución sobre su indulto por dicha enfermedad.

José Antonio Viera

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera interrumpió su estancia en prisión tras una condena de siete primaveras por un delito de malversación de fondos públicos. La condena de inhabilitación de 18 primaveras por prevaricación podría terminar en nadie.

Manuel Chaves y Gaspar Zarrías

Tanto el mayor responsable del Ejecutor regional (1990-2009) como el exconsejero de Crematística se encuentran en pleno proceso de inhabilitación por prevaricación. El Supremo ratificó nueve primaveras de privación de sus ejercicios profesionales.

Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo

Sobre el exviceconsejero de Empleo pesa la decano condena de los implicados, con 19 primaveras y seis meses de inhabilitación por prevaricación y 7 primaveras y 11 meses de calabozo por malversación. Del mismo modo, la entonces consejera de Hacienda afronta una pena de seis primaveras de prisión por malversación, solapada a otros 15 primaveras de inhabilitación por prevaricación.

Francisco Vallejo y Agustín Barberá

Siete primaveras de calabozo por malversación y 18 de inhabilitación por prevaricación fueron las penas impuestas tanto al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa como al exviceconsejero de Empleo de la Juntura de Andalucía. Barberá está en prisión, mientras que para Vallejo propusieron el segundo fracción en febrero.

Juan Márquez

El antiguo director normal de Trabajo y Seguridad Social fue uno de los más beneficiados por la revisión del Supremo en 2022, cuando se le rebajó la condena por malversación de siete a tres primaveras de calabozo y la de prevaricación de 18 primaveras de inhabilitación a 7 primaveras y seis meses.

Jesús Rodríguez Román y Miguel Santo Serrano

El exviceconsejero de Innovación y de Honradez cumple condena de seis primaveras de calabozo por malversación, a más de una inhabilitación de 15 primaveras por prevaricación. Por su parte, sobre el que fuera director de IDEA pesan seis primaveras y seis meses de prisión por malversación y una inhabilitación por prevaricación de 17 primaveras.

Jacinto Cañete

Una inhabilitación de ocho primaveras y seis meses fue la condena impuesta al antiguo director de la misma agencia, IDEA, por delito de prevaricación.

José Salgueiro y Jacinto Vicente

Finalmente, estos dos viceconsejeros (de Ecomomía y de Presidencia, respectivamente) quedaron bajo una pena de nueve primaveras de inhabilitación del adiestramiento profesional adecuado al delito de prevaricación que ratificó el Tribunal Supremo y cuya revisión ahora plantea la Fiscalía.

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