La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la remisión total y el aumento de las órdenes de detención que están vigentes sobre los encausados en el ‘procés’.
En un escrito presentado tanto delante el instructor Pablo Llarena como delante la Sala Segunda del Detención Tribunal, la teniente fiscal sustenta la conclusión del fiscal universal del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto a que la malversación es amnistiable, en contra del criterio de los cuatro fiscales del caso, y posteriormente de la reunión que tuvo sitio ayer en el seno de la Corporación de Fiscales de Sala que avaló por la mínima y dividido en dos la posición de García Ortiz gracias a los fiscales de la UPF.
En su escrito, de 33 folios, María Ángeles Sánchez Conde aclara que la entrada en vigor de la ley de Indulto “no ofrece un nuevo trámite procesal que permita discutir o poner en tela de prudencia la sinceridad de los hechos delictivos atribuidos a los encausados”. “El hecho de que los delitos cometidos sean amnistiados por valor del diputado castellano no permite poner en duda la legalidad de las resoluciones judiciales o la de los jueces y tribunales que las dictaron”, señala la fiscal en lo que parece una pseudojustificación.
Y esta valor del diputado comprende el borrado del delito de desobediencia, pero igualmente el de malversación y para defender este, delante la deficiente técnica jurídica de la norma que ya advirtieron a torrevieja news today distintos juristas, la fiscal se tiene que centrar en “la voluntad del diputado” y al preámbulo de la ley a la que ya aludió la Secretaría Técnica de la Fiscalía en la valoración jurídica que acompañaba a la orden de García Ortiz el pasado viernes. Los preámbulos de las leyes, dice la teniente fiscal parafraseando al TC, aunque carentes de valencia normativo, «constituyen un punto importante de la interpretación para despanzurrar el importancia y sentido de las normas».
“Aminoración del conflicto”
Adicionalmente, reconoce que aunque la voluntad del diputado no constituye un “criterio central”, su “valencia hermenéutico parece incuestionable”. La ley remisión, dice los actos de malversación consistentes en el desvío de fondos públicos para la celebración de las consultas independentistas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017. Y “una ojeada del precepto en esencia teleológica se inclina claramente por esta interpretación”.
Y ello porque la ley de Indulto, recuerda, “tiene por objeto la aminoración del conflicto territorial, político y social sufrido en Cataluña en torno al denominado procés independentista”. Defiende así que los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse comprendidos en el ámbito objetivo de aplicación de la ley y, por consiguiente, amnistiados.
“Qué duda cerca de de que, se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas presentes en el diputado, esta constituye la hipótesis interpretativa que en maduro medida contribuye a la consecución de los fines perseguidos con la aprobación de esta norma y que conecta de un modo más comprensible con los fundamentos jurídicos de la misma”. Dice la número dos de García Ortiz que, a diferencia de los fiscales del ‘procés’, cree que no se aprecian razones para entender que sea de aplicación la pega prevista en el artículo 2 de la ley, pues “no consta que se vieran afectados los intereses financieros de la Unión Europea”.
“La financiación del presupuesto de la Unión Europea, próximo con la ayuda española al Fondo Europeo de Exposición (FED) y al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP), se realiza en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Desde el punto de tino de los ingresos, cerca de afirmar que el presupuesto de la Unión no sufrió impacto alguno a causa del desvío de fondos para la celebración de la consulta independentista de 1 de octubre de 2017″, apunta.
Sin entregarse maduro argumentación al aumento de la orden de detención, la teniente fiscal pide que se alcen “todas las medidas cautelares que se encuentren vigentes”.