Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que retire la orden de arresto en su contra y que declare “amnistiados” todos los hechos que se le imputan relacionados con el procés.
La defensa del expresident catalán ha presentado un escrito al magistrado Pablo Llarena, quien lo investiga desde 2017, argumentando que la ley de remisión lleva de modo “irremediable” a la matanza de la orden de búsqueda y captura doméstico y de ingreso en prisión que pesa sobre él.
Su culto, Gonzalo Boye, sostiene que “debe primar el derecho a la osadía personal” y defiende que todos los hechos que se le atribuyen, incluida la malversación, “se encuentran inequívocamente comprendidos” en el paraguas de la remisión, de modo que solicita el archivo de la causa.
Según el escrito, prolongar la restricción de la osadía personal de Puigdemont mientras la ley de remisión está en vigor contravendría los principios de “proporcionalidad y menester” y los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Ecuanimidad de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), encima de la propia ley de remisión.
La Fiscalía asimismo pide al Supremo amnistiar el procés
Asimismo, el magistrado del Supremo tiene sobre su mesa el noticia de la Fiscalía, que postura por amnistiar todos los delitos, incluidos la malversación y el terrorismo.
De hecho, asimismo ha pedido este miércoles al Supremo que oriente la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el procés.
Concretamente, el empleo sabido solicita formalmente que se aplique la ley de remisión íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers –Toni Comín y Lluis Puig– o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.
La Fiscalía defiende que todos los delitos de la causa, incluida la malversación, encajan en la ley de remisión donado que no se cumplen los requisitos que la norma deja fuera del perdón: que haya lucro personal o que afectase a los intereses económicos de la Unión Europea.
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