El Pleno de la Asamblea ha transmitido luz verde definitiva este jueves, en la última sesión de este periodo de sesiones, al esquema de ley que permitirá alterar oficinas en 20.000 pisos de arrendamiento a precios asequibles. La iniciativa, aprobada de forma exprés, ha nacido delante por la mayoría absoluta del PP, mientras que la izquierda ha expresado su disconformidad y ha denunciado que solo es un «parche» que acabará creando «guetos» en zonas que no están habilitadas para uso residencial.
La ley de Medidas Urbanísticas para la promoción de vivienda protegida se ha debatido de forma urgente, en ojeada única, gracias a los votos a auspicio del PP y Vox, y con el rechazo del PSOE y Más Madrid. Según ha explicado el PP, esta ley sigue el mandato de la presidenta Ayuso, en el sentido de que esta iba a ser la lapso de la vivienda. La ley al punto que ha estado una semana en el Parlamento. En la votación final, el esquema de ley ha obtenido el voto a auspicio de 80 diputados (Partido Popular y Vox), y el voto en contra del PSOE y Más Madrid.
«Esta ley búsqueda allanar la promoción de vivienda protegida», ha subrayado el consiliario de Medio Dominio, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien ha destacado que supondrá una simplificación de tramites y una reducción de cargas. El texto constitucional establece una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario –destinado a oficinas- a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública en régimen de arrendamiento. «Esta novedosa actividad será posible sin falta de hacer una modificación del planeamiento».
Según explica la Consejería, esta iniciativa facilita el acercamiento a la vivienda mediante la simplificación de trámites, reducción de cargas o modificaciones que permitan una restablecimiento organizativa y un impulso de esta actividad económica. Adicionalmente, incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.
Desde Vox, el diputado Javier Pérez Gallardo se ha preguntado por qué solo oficinas pueden transformarse en viviendas de arrendamiento en esta ley. «¿Por qué no suelo agrícola o industrial? ¿No será que se mueve el interés de algún fondo que no sabe qué hacer con oficinas vacías? Pues espero que no».
El PSOE de Madrid, por su parte, ha pronunciado al Gobierno de Ayuso de despabilarse el «amenaza» a la ley estatal de Vivienda. «Quieren hacer vivienda casi en cualquier sitio, sin servicios ni infraestructuras, en barrios periféricos. Su maniquí, señores del PP, es el de privatizar todos los servicios y que correa el que se lo pueda abonar. Viviendas y más viviendas, pero no hacen nadie por apearse los precios».
El PSOE cree que es una ley improvisada, «crea guetos», invade competencias de municipios, deja exclusivamente en manos de privados que se haga más vivienda de protección y «ni siquiera hay un estudio de contrapeso territorial». «Esta ley es un parche», ha denunciado.