El instructor del Tribunal Superior de Jurisprudencia de Madrid (TSJM), el magistrado Francisco Jos Goyena Salgado, ha citado a decidir como imputados a la fiscal cabecilla provincial de Madrid, Pilar Rodrguez, y el fiscal de Delitos Econmicos Julin Brinco, por la filtracin de datos confidenciales del novio de Isabel Daz Ayuso.
El magistrado ha determinado esta diligencia antiguamente de arriesgarse si remite la causa al Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado el fiscal universal del Estado, lvaro Garca Ortiz.
Segn informan fuentes jurdicas a EL MUNDO, Rodrguez y Brinco han sido citados decidir el prximo lunes a las 11 y 12 horas. Rodrguez ser defendida en el procedimiento incoado por un delito de revelacin de secretos por la Abogaca del Estado -la representar la abogada Zaida Isabel Fernndez– mientras que el fiscal Brinco ha renunciado a ser representado por los servicios jurdicos del Estado y su defensa la ha asumido el abogado Valeriano Hernndez Tavera.
Tal y como inform este peridico, el pasado 13 de marzo Julin Brinco tuvo que desasistir un partido de Champions -el Atltico de Madrid con el Inter de Miln– cuando recibi la orden de remitir a sus superiores los mails intercambiados con el abogado del novio de Ayuso. Esa orden de alcanzar los correos y, la posterior de difundir su contenido, parti de fiscal universal del Estado.
Por su parte, Pilar Rodrguez fue la persona que remiti a la cuenta de correo personal de Gmail de Garca Ortiz los mails que intercambi la defensa de Alberto Gonzlez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la Seccin de Delitos Econmicos de la Fiscala Provincial de Madrid.
Garca Ortiz envi la maana del pasado 14 de marzo varios whatsapps a la fiscal superior de Madrid, Almudena Laja, ordenndole anunciar desde su ministerio de prensa una nota con los detalles del pacto de conformidad que Gonzlez Amador, imputado por fraude fiscal, estaba negociando con el Empleo Fiscal. “Si dejamos advenir el momento nos van a cobrar el relato (…). Es imperativo sacarla”, sostuvo el fiscal universal del Estado, quien ha asumido la “responsabilidad ltima” de lo sucedido.