La sentencia de la que manifiesto mi discrepancia ha devastado los lmites de la jurisdiccin constitucional, al irrumpir en el mbito reservado a la jurisdiccin ordinaria y suplantar la funcin del Tribunal Supremo como mximo intrprete de la ley y, que como consecuencia de ello ha ocasionado un dao institucional difcilmente reparable, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupcin ms importante de la historia nuevo de Espaa y rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entr en funcionamiento el criterio del Tribunal Supremo en la interpretacin de un dato recogido en la descripcin de la conducta tpica, sostiene el magistrado del Tribunal Constitucional, Csar Tolosa, en el voto particular emitido contra la sentencia que ha anulado la condena que recibi la ex consejera de la Asamblea de Andaluca, Desconsolada lvarez, por el caso de los ERE en Andaluca.
Tolosa es uno de los cuatro magistrados que vot en contra de estimar la demanda de amparo presentada por la ex ministra lvarez contra las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. Los otros tres magistrados discrepantes, Ricardo Enrquez, Enrique Arnaldo y Concepcin Espejel, han emitido otro voto particular conjunto donde se refieren al paliza de las resoluciones de estos rganos judiciales por parte del TC.
La decisin de amparar a lvarez ha vuelto a demostrar la profunda divisin ideolgica existente en el rgano encargado de interpretar la Constitucin. Los siete magistrados del sector progresista, liderados por el presidente Cndido Conde-Pumpido, se han impuesto a la minora conservadora. El tono de los votos particulares emitidos, a los que ha tenido camino EL MUNDO, refleja la ruptura total existente en el seno de la corte de garantas. En su voto, Tolosa califica de sugerente que sea en el caso ms trascendental de corrupcin poltica institucionalizada y mantenida durante ms de diez aos, cuando el Tribunal Constitucional rectifique por primera vez desde que inici su singladura al Tribunal Supremo en la interpretacin de un dato recogido en la descripcin de la conducta tpica de un delito.
Nueve aos de inhabilitacin
La socialista Desconsolada lvarez fue condenada a nueve aos de inhabilitacin por un delito de prevaricacin continuado al acaecer intervenido en la elaboracin de los anteproyectos de ley de presupuestos del Gobierno andaluz de los aos 2002, 2003 y 2004 y modificaciones presupuestarias de octubre de 2002.
La sentencia del TC, ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbn, sostiene que la elaboracin de los anteproyectos de ley y su aprobacin como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricacin conveniente a que este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han misiva en un asunto burócrata, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutante en el control de su funcin de gobierno.
Tolosa replica que los miembros del Gobierno no son irresponsables, ni gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos. La Constitucin sencillamente no lo prev porque en un Estado de Derecho pretender situar a los miembros del Gobierno, en cualquier mbito, por encima de la Ley, como se desprende de la sentencia, ni est justificado, ni podra estarlo so derrumbe del propio Estado de Derecho.
Por su parte, Enrquez, Arnaldo y Espejel afirman que los actos prelegislativos son susceptibles de control penal y destacan que una cosa es que sea la primera vez que un asunto como este se haya planteado delante los tribunales penales y otra muy distinta que la respuesta dada por ellos a esta cuestin novedosa sea imprevisible, tal y como afirma la sentencia del TC.
Estos magistrados consideran que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Supremo han efectuado una interpretacin razonada de los instrumentos del delito de prevaricacin y su aplicacin al caso que supera el canon de control referido a la prohibicin de interpretaciones ilgicas o arbitrarias que impone el artculo 25.1 de la Constitucin, conforme a la doctrina consolidada de este tribunal.
El TC invadir en el Pleno del 2 de julio los fortuna de amparo de otros cinco condenados por los ERE: Francisco Vallejo, Antonio Fernndez, Jess Rodrguez, Miguel ngel Serrano y Carmen Martnez Aguayo.