El exconcejal de DO, Telmo Ucha, ha retomado la denuncia contra Jácome presentada en abril por percibir un sueldo incompatible con su exclusividad y la amplía por no existir el canal de denuncias, obligatorio por ley. El exconcejal de Seguridad Ciudadana en el mencionado mandato de Jácome, amplió este jueves la denuncia interpuesta contra Jácome y el Concello de Ourense. En esta segunda denuncia administrativa, Ucha retoma la incriminación de incompatibilidad por el sueldo que percibe y “el entrenamiento de actividades incompatibles con su dedicación monopolio por parte del corregidor de la ciudad, con gran fraude para el fisco manifiesto”.
A esta incriminación de fraude suma ahora la inexistencia del canal de denuncias manifiesto al que esta agencia restringido está obligada, en saco a la reglamento europea, desde hace más de un año. Un cauce competente a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula y protege a los ciudadanos que quieran informar sobre infracciones, actividades o consecuencias derivadas de posibles actos de corrupción.
Este canal de denuncias es obligatorio y se recoge en la directiva europea conocida como “Directiva Whistleblowing”. Siguiendo los plazos recogidos en la aplicación de la directiva europea, Jácome se encontraría fuera de plazo ya desde el 13 de junio de 2023, al no habilitar esta vía de denuncia pública y protección del denunciante.
“Talante opaca”
Ucha, en su denuncia, solicita la puesta en marcha de inmediato de dicho canal, que sería “competencia del corregidor”, para reportar las posibles actividades corruptas y proteger a los denunciantes frente a posibles represalias.
Recuerda en su denuncia que en las entidades locales, la autoridad competente para el inicio del procedimiento derivado de las acusaciones de corrupción, “no puede ser otra que el corregidor o presidente de la corporación, que es quien ejerce la potestad sancionadora, tanto genérico como disciplinaria, omitido que la persona afectada sea él mismo, en cuyo caso las actuaciones se deberían remitir al pleno”. Ucha apunta así al motivo que estaría detrás de la no implementación de dicho canal de denuncias. En su opinión, la inexistencia de este cauce es poco que evidencia la “disposición opaca” mostrada por parte del Concello y apunta además a la posibilidad de protestar las responsabilidades oportunas derivadas de no tener implementada esta vía, así como de la aplicación de las sanciones recogidas en la norma.
El exconcejal de DO advierte que el no ofrecer este canal para denunciar posibles casos de corrupción supone que Jácome puede incurrir en una infracción de tipo penal o administrativa enfermo o muy enfermo. La consecuencia, recuerda, puede conllevar una condena de multa entre 600.000 y un millón de euros.