El auditoría de instrucción número 1 de Barcelona ha extenso este viernes una dormitorio separada para la investigación de la injerencia rusa en el procés de independencia de Cataluña, por los indicios de que 11 investigados, incluidos los expresidentes de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y Carles Puigdemont, que no puede ser formalmente investigado en este auditoría al ser eurodiputado, pueden tener cometido un delito de traición y malversación de caudales públicos.
Los investigados son, parágrafo de Artur Mas, el director de junta y el abogado de Puigdemont, Josep Lluis Alay y Gonzalo Boye, respectivamente; la que fue consejera de presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi; el diputado Francesc Dalmases; el que fue encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas; y varios contactos suyos, como son Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.
Aguirre sostiene que «se investiga un supuesto de delito de traición del Título XXIII del Volumen Segundo del Código Penal, sin que en este momento este Magistrado se atreva a especificar el concreto tipo penal por las razones que más delante se dirán». Este título recoge un total de ocho tipos delictivos de traición, los artículos 581-588, muchos de ellos relacionados con armas.
En el utilitario de dormitorio separada, de 56 páginas, se da cuenta detallada de las operaciones de injerencia de Rusia en España por medio de una penetración en la crisis de independencia catalana, sobre todo desde la celebración del referéndum ilegalizado por la equidad del 1 de octubre de 2017. El enjuiciador instructor resume de este modo las acciones: «Rusia habría contado con una ‘puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma organización que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas».
Un detallado utilitario incluye numerosas pruebas intervenidas en registros y móviles que revelan transacciones con criptomonedas
Las abundantes pruebas de las que se vale el enjuiciador son en su mayoría admisiones interceptadas de los teléfonos públicos de los implicados. En ellas figuran varias reuniones de enviados rusos a Barcelona en octubre de 2017. En un concurrencia en sede oficial con Puigdemont, un ciudadano ruso al que la inteligencia europea vincula con los servicios secretos de su país, ofrece 10.000 soldados y 10 millones de euros para una Cataluña independiente a cambio de una reglamento inclinado para criptomonedas. Unos meses ayer, en verano de 2017, Vladímir Putin en persona había indicado en manifiesto que el estado ruso debía avanzar en criptomonedas, lo que puede permitir sortear sanciones.
El enjuiciador ha hallado que meses a posteriori de esa reunión un equipo integrado por los imputados Terradellas, Sardà y Borrell mantuvo contacto con el ruso, llamado Nikolay Sadovnikov. Hasta realizaron una prueba de transacción monetaria en criptomoneda desde Emiratos Árabes. Dice Sardá en un mensaje del 8 de mayo de 2018: «En Dubai hace dos meses con Nikolay hicimos una operación de prueba y nos sorprendió muy positivamente». En varias conversaciones intervenidas, los implicados dan a entender que «el destinatario» de las transacciones era Puigdemont, según el utilitario.
El enjuiciador ve indicios sobre Puigdemont, que es aforado, por lo que elevará exposición razonada al Supremo por un delito no amnistiado
El expresidente estaba plenamente implicado en los planes para mover fondos para el proceso independentista. Un mensaje intervenido a Puigdemont del 10 de octubre de 2017, cuando aun era presidente de la Generalitat, recomienda a Terradellas que «las cuentas corrientes el gobierno te las dé de las oficinas y delegaciones exteriores que no creo que las tengan bloqueadas».
El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en 2019 un crónica sobre la acto foráneo de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017, sobre las denominadas «embajadas», en el que se aprecia un posible uso indebido de fondos públicos para promocionar las exposición independentistas en el extranjero, con transacciones sospechosas. Decía ese crónica que «por la gobierno de la oficina en Moscú, atribuida contractualmente a una persona física, se devengaron un total de 2.613.124 euros en el periodo señalado, única oficina sometida a un régimen de gobierno indirecta mediante convenio de servicios que, a existencias de monotonía y eficiencia en la gobierno y control, no parece justificado».
Los viajes a Rusia
El enjuiciador Joaquín Aguirre cuenta con una nutrida cantidad de pruebas obtenidas en registros físicos y de teléfonos móviles que revelan, según el utilitario, que Mas puso en marcha una organización internacional para advertir apoyos internacionales, por medio de Terradellas, y que este siguió trabajando en ese ámbito para Puigdemont cuando este tomó el licencia de la presidencia en 2016. Tras la detención de Terraplenas por un caso de supuesta malversación, otro equipo, comandado desde 2018 por Alay y Boye, mantuvo los contactos con Rusia, siempre reportándose a Puigdemont durante su huida de la equidad española en Bruselas.
Hay una conversación relevante que pone en evidencia la continuidad de esos contactos. En el utilitario del enjuiciador figuran una serie de mensajes del 5 de agosto de 2018 entre Terradellas, primer enlace con Rusia, y Alay, su sucesor, en que el primero pregunta: «¿Tu te has puesto en contacto con el gobierno ruso?». Alay avala: «Siempre he estado partidario de tener relación con ellos pero todavía no me he puesto. MHP está de acuerdo». MHP son las siglas en catalán de «muy honorable presidente», es opinar, Puigdemont.
No son sólo mensajes. Alay inicia una serie de viajes a Rusia desde marzo de 2019. Allí traba contacto con una serie de funcionarios, espías e influyentes periodistas. Uno de ellos es Edward Chesnokov, del influyente diario Komsomolskaya Pravda, familiar al Kremlin, quien publicó varias informaciones en que pedía a Putin que mediara en la crisis entre Cataluña y España. Otro es Evgueni Primakov Jr., quien sería afamado director de una agencia oficial rusa para fomentar los lazos culturales y educativos entre Rusia y otros países.
El 26 de septiembre, Alay y Boye celebran este designación, pues según el primero, Primakov Jr. es «mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales». Boye avala: «Igual tendríamos que ir a verles». Un mes ayer, Alay había dicho: «Si apostamos en manifiesto a Kremlin, hagámoslo de verdad».
Las reuniones de Alay y Boye con Kalashov, Kristoforov y Shermazashivili
El utilitario incluye reuniones de uno y otro, Alay y Boye, a Rusia «para conversar con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov [y] Koba Shermazashivili». Kalashov, todavía conocido como Shakro Molodoy, es un delincuente ruso-georgiano y uno de los líderes más influyentes del mundo del crimen organizado en Rusia. Nacido en Georgia, ha sido vinculado a diversas actividades delictivas, incluyendo tráfico de drogas, perjuicio y lavado de boleto. En 2006, fue arrestado en Emiratos Árabes y después extraditado a España, donde fue condenado por cargos de lavado de boleto. Tras cumplir su condena en España, Kalashov regresó a Rusia, donde continuó su actividad criminal.
El utilitario recoge por otra parte las últimas resoluciones del Parlamento Europeo, que instan a los países miembros de la Unión Europea, incluida España, a investigar la injerencia rusa y a permitir la tajo de la equidad de forma independiente. El enjuiciador Aguirre, que ha trabajado este asunto durante primaveras, afirma que «en el caso de Cataluña, el apoyo y la utilización de actores políticos, tal y como se ha demostrado a lo espléndido de la investigación, involucraron a personas del más stop nivel del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, incluido su presidente, y ello habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa».
Las pruebas amasadas acreditan que «estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Agrupación de Rusia e igualmente se ha podido conocer las mutuas exigencias para demorar a un acuerdo global que beneficiara a ambas partes».
Como recoge el utilitario, ha habido injerencias rusas en varios procesos electorales y políticos a uno y otro lados del Atlántico, pero lo que hace del caso catalán una excepción es que «Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un dato subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a respaldar su deuda y le prestase apoyo político en el momento secreto de segregarse del estado gachupin, y que manejaba la esfera comunicativa con sobresaliente pericia, por lo que Rusia nada más tenía que dar difusión y amplificar el relato generado por el propio movimiento independentista catalán».
El 11 de junio entró en vigor la llamamiento ley de gracia pactada por el gobierno de coalición con los independentistas. El texto contempla el perdón de las causas por la malversación de caudales públicos y la usurpación de funciones que tengan relación con el proceso independentista. No se amnistiarán sin retención los actos dolosos con resultado de asesinato, las torturas, los actos de terrorismo según la reglamento europea y que hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos», siquiera la traición o los delitos que afecten a intereses financieros de la Unión Europea.
El enjuiciador da los dos días reglamentarios a las partes para que aleguen si creen que estos delitos están incluidos en la fresco gracia
La investigación de los contactos con Rusia comenzó porque en un registro practicado en mayo de 2018 en la sede de la fundación CatMón, cercana a Convergència y dirigida por Terradellas, se halló una cartilla con anotaciones en las que se leía «Putin», «Consejo ONU», «equilibrar bitcoin» y «estado protector».
En el utilitario, el enjuiciador da los dos días reglamentarios a las partes para que expongan si creen que estos delitos entran adentro de la gracia, para poder osar sobre ello. A posteriori, si concluye que no lo son, elevará una exposición razonada al Supremo para que decida sobre Puigdemont, que es eurodiputado, y al Tribunal Superior de Jurisprudencia de Cataluña (TSJC) Dalmases, que es diputado autonómico— y a la Audiencia Franquista por el resto, al tratarse de un supuesto delito de peculiar recaída.