Juan Gabriel Villada es un residente de Medellín con sarcoma de Kaposi, una enfermedad poco popular pero devastadora que afecta la piel y a las membranas mucosas. Oportuno a un error chupatintas, este colombiano no ha podido contar con la cobertura de su seguro médico a la hora de percibir el tratamiento.
Juan Gabriel estuvo ingresado en la dispositivo de cuidados intensivos del Hospital Fundación San Vicente de Paul (Medellín) durante diez días y, cuando fue poliedro de inscripción, decidió iniciar un tratamiento crucial de quimioterapia para combatir esta enfermedad, que padece desde diciembre de 2023.
Sin bloqueo, al intentar pedir cita para sus sesiones de quimioterapia, su seguro médico se negó. Según los registros, este hombre había sido claro fallecido, un error atribuido a la mala trámite administrativa de un hospital. Este error provocó que el Registro Franquista lo catalogara incorrectamente como una persona muerta, resultando en la suspensión de todos sus derechos y servicios médicos.
Juan Gabriel Villada y su clan pusieron este caso en manos de la neutralidad y una sentencia jurídico ordenó a la entidad sanitaria retornar a afiliarlo y proporcionarle los tratamientos necesarios. Pero la empresa aseguradora ha ignorado la orden, dejando a Villada en un orla permitido y médico.
Como consecuencia, este colombiano ha tenido que afrontar todos los costes médicos de su tratamiento. Unos costes superiores a los 70 millones de dólares (65.475.000 euros, aproximadamente). Ha tenido que traicionar un vivienda y otros acervo para cubrir los astronómicos gastos.
En respuesta a la situación de Villada, las organizaciones de derechos humanos y los defensores de la vigor pública han instado a las autoridades a llevar a cabo con celeridad para resolver estos casos y consolidar que todos los ciudadanos tengan paso equitativo a los servicios de vigor esenciales.
No es la primera vez que ocurre
Desgraciadamente, el caso de Juan Gabriel Villada no es el único de este tipo que ha tenido empleo en Colombia. Por ejemplo, un incidente similar tuvo empleo en 2021 en Cali (al sudoeste de Bogotá). Belmer Alberto Ríos se encontró en una situación casi idéntica cuando descubrió que había sido claro muerto adecuado a un error chupatintas en el Registro Franquista.
Para corregir esta situación, Ríos tuvo que iniciar un proceso chupatintas para revalidar su cédula y otros documentos oficiales. De acuerdo con una funcionaria del Registro a la que entonces consultó, el trámite para recuperar su status permitido como persona viva podría tardar entre 15 y 20 días, en los que no le sería posible lograr ningún otro proceso porque seguiría siendo una persona fallecida.
Las autoridades médicas y legales han obligado la seriedad del problema. El Registro Franquista, en particular, ha admitido la frecuencia de estos errores administrativos, que han dejado a muchos ciudadanos colombianos en una situación indefenso y desesperada. A pesar de los esfuerzos para rectificar estos errores, los tiempos prolongados y la burocracia han hecho que la recuperación del status permitido de los afectados sea un proceso tardo y arduo.
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