«Lo digo como investigado: Aguirre, en su particular delirio, acuerda investigarme no por mis actos, que no son delictivos, sino por el trabajo que hago como abogado. Este tipo es un auténtico peligro para cualquier sociedad democrática». Así reaccionó ayer Gonzalo Boye, tras conocer por la prensa –ya que aún no se lo habían notificado– el coche del titular del Tribunal de Instrucción 1 de Barcelona, que abre una nueva aposento separada para investigar la denominada ‘trama rusa’ del ‘procés’. Una audacia del magistrado que llega días posteriormente de que la Audiencia de Barcelona tumbase la prórroga de la instrucción, y dejase así sin impacto todas las pesquisas efectuadas a partir de julio de 2023.
El tribunal tomó dicha audacia al considerar que, «más allá de alusiones genéricas», el instructor no justificó qué diligencias eran necesarias practicar. Es más, la Sección 21ª sostuvo que la aposento separada sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista de Cataluña se había convertido en «un repositorio de informes policiales», que servían, a su vez, para cascar más piezas separadas sin que la investigación avanzase «sustancialmente» respecto a su inicio, en el año 2020.
Boye, ahora investigado en esa nueva aposento, al igual que el director de la oficina de Puigdemont y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, reprocha que movimientos como éste del árbitro Aguirre desprestigian a la Rectitud española. «Es un intento de desacreditar el Poder Legislador e incluso al Jurídico, porque incumple las resoluciones de la Audiencia Provincial, incluso con chulerías, diciendo que ésta tenía conocimiento de que él tenía otra aposento separada. Nadie tenía conocimiento. Esto lo trabaja él con algunos periodistas concretos y con personas que le han regalado asesoramiento privado», apuntó el abogado en RAC1, idea que igualmente transmitió en TV3. Boye apostilló: «A ciertas edades y a ciertas horas, los psicotrópicos son peligrosos, porque permiten que se produzcan delirios, como los que ha escrito Aguirre en estas páginas, con metálico conocido».
El ilustrado de Carles Puigdemont sostuvo igualmente que «más que una interlocutoria, parece que [el juez] haya sacado los nombres de alguna vez que nos hayamos juntado a ingerir una paella», ya que entre los merienda investigados, Aguirre incluye al periodista de sucesos Carles Porta, director del exitoso software de ‘true crime’ ‘Crims’, en la televisión autonómica de Cataluña.
Ahora, las defensas tienen dos días para presentar sendos escritos y exponer si los delitos imputados tienen cabida en el olvido penal. Boye avanzó que, en su texto, dará los nombres de los colaboradores del árbitro.
Todavía desde Junts se criticó la audacia del titular del Tribunal de Instrucción 1 de Barcelona, por cascar una aposento separada de la investigación sobre la posible injerencia rusa en el ‘procés’, que podría aceptar consigo la imputación de Puigdemont y Mas, entre otros, por los delitos de traición y malversación de caudales públicos. Para el partido del expresidente autonómico, la audacia del árbitro es un acto de «venganza» en una «causa inexistente» y fantasiosa.
«Presunción inventada»
Así se pronunció Jordi Turull, secretario caudillo de Junts, en un tuit al poco de conocer la transigencia de la aposento procesal separada. Para Turull, los jueces «solo quieren venganza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza». Y defendió que esta causa es «inexistente» y «una antojo inventada». De esta guisa, el número dos del partido de Puigdemont cargó contra el árbitro, al estilo del abogado Boye.
Turull, que formó parte del gobierno de Puigdemont en 2017 y es uno de los beneficiados por los indultos y la gracia, dio todo su apoyo a los implicados en esta nueva aposento procesal: encima de los citados, Josep Lluis Alay, Elsa Artadi, Francesc Dalmases, Víctor Terradellas, Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.
En el ámbito de la política franquista, el ministro de Presidencia y Rectitud, Félix Bolaños, señaló en declaraciones a los medios desde Zaragoza que debía ser «muy respetuoso» al tratarse de un «procedimiento procesal en curso», si admisiblemente advirtió que «la ley de gracia es muy clara, y en particular con los delitos que se están hablando en ese procedimiento es clarísima», y apeló al Estado de derecho y a la «separación de poderes», para concluir que «el Parlamento apruebe las leyes, de guisa democrática, y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido».
Por el contrario, la número dos del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, aseguró que la Indulto, que volvió a encuadrar de «inconstitucional e ilegal», a su causa no da cobertura «a lo que hoy se está investigando, en el situación de ese procedimiento procesal», en remisión a las investigaciones judiciales sobre la indicación trama rusa del ‘procés’.
Para Gamarra, se tráfico de poco de la «máxima formalidad» y por ello pidió un pronunciamiento del Gobierno de Pedro Sánchez al respecto. «Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener respuesta por parte del Gobierno de España, que tiene la obligación no sólo de proteger a España y la democracia española, sino con ello lo que significa la democracia en Europa», concluyó en una rueda de prensa la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, informa Emilio V. Paje.