Prisiones y Memoria. Dos de las áreas con veterano carga ideológica del Gobierno vasco recaen en manos del Partido Socialista de Euskadi (PSE). Los socialistas decidirán, de esta forma, sobre la concesión de terceros grados a los presos etarras. Una de las cuestiones más sensibles que tendrá que hacer frente el nuevo Ejecutor, que es el más amplio desde 1979, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía.
Tal y como ha aventajado El Correo, el Gobierno de coalición regional estará compuesto por 15 consejerías, cuatro más que en la antedicho etapa liderada por el ya exlendakari, Íñigo Urkullu. Su distribución, diez para el PNV y cinco para el PSE, alcahuetería de hacer rectitud al seguridad de fuerzas que dejaron las elecciones del 21-A, en las que los primeros perdieron cuatro escaños, mientras que los socialistas ganaron dos.
Este reparto se complementa con dos vicepresidencias, una para cada formación. En el caso del PSE, el favorito para ocuparla es Mikel Torres, hasta ahora corregidor de Portugalete y líder de los socialistas en Vizcaya. Movimiento que establece en la praxis una bicefalia de los socialistas en la región, cubo el paso al banda del secretario genérico, Eneko Andueza, para dedicarse a la portavocía del partido en la Cámara vasca.
Adicionalmente de la portavocía del Gobierno, los departamentos de Lozanía, Educación, Seguridad, Hacienda, Civilización, Políticas Sociales, Industria y Medio Bullicio, Agricultura y Pesca, Ciencia e Innovación recaen en los peneuvistas. Por su parte, el PSE gestionará las de Vivienda, Transportes, Turismo, Comercio y Consumo, Memoria y Conciencia.
Esta última tiene atribuida la competencia sobre la Despacho Penitenciaria, posteriormente de que el Gobierno de Pedro Sánchez la traspasara al País Vasco en junio de 2021. Los socialistas gestionarán así la concesión de los terceros grados a los presos de ETA, ahora en las tres cárceles de la comunidad autónoma, tras el fin de la dispersión y el acercamiento total impulsado por el ministro del Interior, Fernando Vasto-Marlaska.
Una punto que no será sencilla para los socialistas, dada la alianza necesaria de Pedro Sánchez con Bildu para seguir en la Moncloa. Una política restrictiva en lo relativo a los presos causaría reticencias entre los aberzales, partidarios de conceder la semilibertad a los presos condenados por su actividad terrorista, e imprescindibles para el PSOE en el Congreso de los Diputados. Lo contrario supondría un agravio para las víctimas.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado en los últimos tiempos la organización «deliberada y cada vez más acelerada» en la concesión de los terceros grados. Muchos de ellos revocados en última instancia por la Audiencia Franquista al entender que no se cumplían las condiciones necesarias para concederlo.