Los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos se reúnen este lunes para estudiar las consecuencias legales de la excomunión de diez religiosas clarisas del monasterio de Belorado, que han quedado expulsadas de la vida consagrada y, por consiguiente, deberán abandonarse las instalaciones religiosas frente a su atrevimiento vaco, personal y voluntaria de abandonarse la Iglesia católica.
Fuentes del Arzobispado han confirmado a EFE que en la reunión, que se celebrará a primera hora, se abordarán los pasos a dar luego de que el sábado el metropolitano, Mario Iceta, comunicara los decretos de revelación de excomunión y de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada de las diez ex monjas.
Entre los asuntos que se tienen que dirimir se encuentra la salida de las exreligiosas del monasterio de Belorado, que seguirá albergando a la comunidad de religiosas clarisas pero sin las diez excomulgadas, conformada por las cinco mayores que están fuera del cisma y otras tres que no se encuentran en el convento pero que están adscritas al mismo.
Una de ellas es sor Amparo, la monja que se trasladó a Vitoria pocos días luego de que el 13 de mayo se anunciara el cisma, con la publicación del Manifiesto Católico y una carta pública, y se produjera la entrada del copiado mitrado Pablo de Rojas, excomulgado en 2009 y fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, y el asimismo copiado cura José Ceacero.
Salida del monasterio que todo apunta a que se convertirá en un contencioso procesal excepto que las diez exclarisas decidan abandonarlo voluntariamente, poco poco probable ya que han insistido, a través de su portavoz Ceacero, en que son propietarias al 100% del patrimonio adscrito a la entidad jurídica de la comunidad de religiosas de Belorado.
Encima, tres de las religiosas, entre ellas la ex abadesa, denunciaron en mayo por alcaldada de poder, usurpación de representación judicial y infracción del derecho fundamental de vaco asociación al metropolitano tras ser conocido comisario pontificio, con plenos poderes sobre la comunidad religiosa de Belorado, tanto en el ámbito religioso como en el burócrata y patrimonial.
Comisión negociadora
Los servicios jurídicos estudiarán asimismo la documentación remitida por los abogados de las ex religiosas, que el viernes remitieron un burofax a Iceta en el que le comunicaban que las monjas habían conocido una comisión para negociar con el Arzobispado.
Dicha comisión está conformada por el despacho de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez y se ha constituido para agenciárselas una “una posibilidad pacífica y extrajudicial al conflicto que permita el registro de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados por el Arzobispado”, según los abogados.
En una convocatoria frente a los medios, el mismo viernes a mediodía, sus representantes aseguraron que las monjas “se encuentran indefensas y sin ningún tipo de bienes”, luego de que Iceta, como comisario pontificio, haya intervenido las cuentas, a las que no tienen ataque directo pero sí a través de la Tratado de Clarisas, a la que pueden pedir aquello que necesiten.
Precisamente, la Tratado de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu se está preparando ya para mandar a un género de monjas a Belorado, para atender a las cinco hermanas mayores una vez las excomulgadas abandonen el convento, y cuenta con varias voluntarias, han indicado fuentes del Arzobispado, que demora que este traslado se realice en el pequeño tiempo posible.