El clan de ‘Los Lateros’, la longevo plataforma abastecimiento de abasto de combustible para los tráficos ilícitos a lo amplio del Mediterráneo, operaba hasta hace unas semanas desde la provincia de Almería. La Vigilancia Civil y la Agencia Tributaria, en el entorno de la operación ‘Ovidio’, han conseguido desmantelar la ordenamiento y detener a 50 personas.
En esta proceder policial se han intervenido numerosos pertenencias entre los que destacan más de 700.000 euros en efectivo, parte de ello oculto en dobles fondos bajo el suelo y tras las paredes de los inmuebles de los líderes de la ordenamiento. Adicionalmente, se han incautado cinco armas de fuego tipo escopeta y 33 vehículos, algunos de ellos de inscripción viso por valencia de más de 200.000 euros e incluyendo además un camión cisterna para el transporte de combustible y tractores para el remolque de las embarcaciones.
Los agentes han localizado un total de 25 embarcaciones dedicadas al abasto de combustible, así como seis motos de agua, diez remolques de embarcaciones, siete motores de inscripción cilindrada y más de 40.000 litros de combustible destinado al aprovisionamiento de narcolanchas. Las cifras de este colección criminal son descomunales. ‘Los Lateros’ contaban con 42 activos inmobiliarios, 85 vehículos, y un total de 52 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras superando un valencia total de cinco millones de euros, todos han sido bloqueados y embargados.
La operación se inició, a principios de 2023, cuando los agentes pudieron constatar la existencia de una ordenamiento criminal asentada en la barrio de Puente del Río (Adra), conocida como el clan de ‘Los Lateros’. El colección criminal se dedicaba a la producción, depósito y abasto de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas e inmigración irregular mediante embarcaciones recreativas con amarres en los puertos deportivos de Adra y Almerimar, principalmente.
Fruto de esta información, los agentes intervinieron un gran número de embarcaciones, procediendo a sancionarlos administrativamente por contrabando por obtener irregularmente el combustible de las gasolineras. El clan realizaba en dos fases el el trasbordo del combustible en inscripción mar a las narcolanchas.
La primera era adquiriendo el combustible en diferentes gasolineras, generalmente mediante el repostaje de depósitos de gran capacidad (1.000 litros), que eran transportados en camiones o furgonetas, no habilitados para tal impresión. Después, este combustible era transportado hasta una parcela ubicada en la barrio de Puente del Río, donde la ordenamiento había adquirido la longevo parte de los inmuebles y había instalado gran cantidad de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, lo cual, unido a que se trataba de una zona aislada, generaba que este lado, permanentemente vigilado por sus integrantes, constituyera una zona segura para el incremento de sus actividades ilicititas.
Este lado se había convertido en una plataforma abastecimiento, donde la ordenamiento llegó a disponer de más de diez vehículos, entre camiones y furgonetas, que se dedicaban al transporte de combustible, destacando una de sus últimas adquisiciones, un camión cisterna. En la segunda escalón, el combustible trasvasado a garrafas se transportaba hasta fincas situadas en primera trayecto de costa en Adra, donde la ordenamiento había construido ilegalmente embarcaderos.
Allí poseía un número elevado de embarcaciones que eran empleadas para el transporte de las garrafas desde ese punto hasta las narcolanchas en inscripción mar. A lo amplio de la presente investigación, estas embarcaciones se han podido vincular con desembarcos recientes de gran cantidad de migrantes en las costas de Almería, así como con alijos de chocolate.
Controlaban a la población
Estas embarcaciones recreativas podían durar a transportar cantidades de entre 200 y 300 garrafas en cada delirio y casi a diario, llegando en un mismo día a salir hasta cuatro o cinco embarcaciones transportando combustible. La ordenamiento se caracterizaba por el uso de violencia, ya que se habían registrado numerosos incidentes con terceras organizaciones hasta que se hacían con el control incondicional de la zona de costa desde la que operaban.
Según la información remitida por Vigilancia Civil, el clan hostigaba a las gasolineras, depositarios que no querían retirar las embarcaciones que se incautaban y la población civil que pretendía denunciar sus actividades ilegales. Los beneficios económicos que le reportaba estas actividades ilícitas era empleado para la adquisición y reforma de inmuebles, vehículos de inscripción viso y caballos pura muerte.
Por tal motivo, se estableció un amplio dispositivo policial en el que se realización de un total de 35 entradas y registros en las localidades de Adra y Berja. Asimismo, se ha realizado el registro de una celda del centro penitenciario de Acebuche (Almería) correspondiente a uno de los principales miembros de la ordenamiento. Desde la prisión dirigía las operativas usando para ello un teléfono móvil que ocultaba en la celda y con el que se comunicaba mediante aplicaciones encriptadas.
La operación ha sido desarrollada por la Vigilancia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, cuyas investigaciones han sido coordinadas por el Supremo de Instrucción núm. 2 de Berja y la Fiscalía Antidroga de la provincia.