La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha instado a los políticos a que renueven «sin retardo» el Consejo Universal del Poder Contencioso delante los estragos que está causando esta situación de incomunicación y la imposibilidad de hacer nombramientos.
En un acuerdo prohijado a instancias de 33 magistrados del Tribunal la Sala de Gobierno denuncia que ya se dirigió el 27 de septiembre de 2021 y el 27 de junio de 2022 al CGPJ para pedirle que instara de las Cortes Generales la «dilema inmediata» de los vocales que han de sustituir a los que tomaron posesión en 2013. Al hacerlo, recuerda, puso de manifiesto «los muy graves y crecientes problemas que el incumplimiento de la Constitución» y de la Ley Orgánica del Poder Contencioso y la privación al Consejo Universal del Poder Contencioso en funciones de la cátedra de hacer nombramientos discrecionales están suponiendo para el Tribunal Supremo.
«Esas iniciativas han sido en vano, pues quienes tienen en su mano la decisión mínimo han hecho, de tal modo que, hoy en día, el Tribunal Supremo carece de presidente y de vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados», apunta.
La Sala de Gobierno constata que «el perjuicio causado es enorme». Delante todo, a la Constitución y a la Ley Orgánica, «pues ambas se incumplen manifiestamente mínimo menos que por las Cortes Generales». A posteriori, al propio Consejo Universal del Poder Contencioso y, desde luego, al Tribunal Supremo y a los demás tribunales, «pues no parece importar privarles de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos. Y, por esa razón, se daña al Poder Contencioso en su conjunto».
A razón de los magistrados, lo peor no es la seria cambio del natural funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados, ni el «esfuerzo añadido» que exige a los magistrados que los sirven, sino «el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela procesal efectiva por el veterano tiempo requerido para resolver sus posibles y por la degradación de instituciones esenciales para la seguro de sus derechos e intereses».
Por todo ello, llaman a la responsabilidad de quienes tienen en su mano «el remedio imprescindible» para que lo adopten sin más retardo.