El problema del mal reparto del agua por parte del Gobierno -tal como lo sienten los agricultores de Alicante, Murcia y Almería- por los recortaduras al trasvase Tajo-Segura mientras se envía agua de sobra a Portugal se extiende ahora y el clamor ha saltado al otro flanco de la Península Ibérica: en Extremadura, los regantes piden revisar el convenio de Albufeira.
Aunque en este caso, la cuestión atañe incluso a otra cuenca -la del Guadiana- el problema resulta similar al que se enfrentan en el sureste, con una sequía que amenaza la disponibilidad de capital hídricos en un futuro que ven cada vez más cercano.
De hecho, en la vega del Segura llevan meses con restricciones al riego y coinciden en ese exploración del sinsentido de que se continúe dejando pasar más caudales de los acordados al país vecino. Y no se comercio de un grosor pequeño, sino que en oficio de unos 2.600 hectómetros cúbicos anuales, llegan a las zonas de desembocadura del Tajo en tierras portuguesas más de 6.000 hm3. Una cantidad abrumadora si se tiene en cuenta que el campo levantino y murciano lucha por casi nada un centenar de hectómetros que se le van a quitar.
Y en esta especie de tablero de entretenimiento, por las maniobras políticas que suscita, el único que parece satisfecho con este status quo del acuerdo firmado entre los dos países, y así lo reflejó en su postura para el Plan de Cuenca del Tajo, es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Todo eso, mientras su Ejecutante -con respaldo de la concurso de PP y Vox- solicita ahora al Gobierno de Pedro Sánchez la construcción de una conexión entre dos embalses en Guadalajara para hacer trasvases (estos sí) aunque no los considera tales porque son internos, quedan en casa. En un avaricioso plan de exposición agrícola, urbanístico e industrial del corredor de Henares, que uno de sus dirigentes ha calificado de «imperiosa exigencia».