La reacción no se hizo esperar. Tan solo unas horas posteriormente de que el lunes por la tarde los seis concejales díscolos desobedecieran a la ejecutiva específico y votasen a auxilio de una estatuto relacionada con el control de los pisos turísticos en la hacienda gallega, el PSOE municipal inició los trámites pertinentes para castigarles. El debate sobre los pisos turísticos ha hecho saltar las costuras del mal avenido socialismo santiagués.
Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gumersindo Guinarte, Marta Abal, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez optaron por echarle un puso al líder municipal del PSdeG, Aitor Bouza, y en el pleno del lunes sufragar a auxilio de una estatuto para regular la comunicación al Concello de los pisos de temporada y de arriendo por habitaciones. Y la agrupación socialista municipal se apresuró a responderles.
En un comunicado poco posteriormente del cisma registrado en el pleno, el PSOE municipal anunciaba que «en presencia de la desidia de cumplimiento de las normas del partido», la agrupación específico informará a la provincial, su víscera inmediatamente superior, para que se adopten «las medidas oportunas segundo los estatutos del PSOE». En román paladino: se abre la vía para sancionara a los seis ediles díscolos.
Por enésima vez en los últimos días, el PSOE específico trató de documentar por qué ordenaba a sus concejales privarse: consideraban que la estatuto que el lunes se aprobó, con los votos de BNG, Compostela Aberta y PSdeG, «no tenía ninguna incidencia ni en la prohibición ni en la refrendo de las VUT», es asegurar, las viviendas de uso turístico.
La ejecutiva que encabeza Aitor Bouza recordaba, en la misma nota de prensa, que las viviendas de uso turístico en el el casco histórico de la ciudad ya están prohibidas desde 2023 gracias, precisamente, al Partido Socialista. Y, por lo tanto, «lo que hoy se aprobaba en el pleno mínimo modifica el preliminar, tan solo se aprobaba el formulario para las comunicaciones previas», añadían en ese comunicado.
El PSOE municipal considera que esta última estatuto aprobada el lunes no es más que «una cortina de humo» de la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, «en presencia de la imposibilidad para cumplir con las promesas electorales a las que se comprometieron durante la campaña».