En su lucha contra la inmigración ilegal, Vox ha puesto el foco esta semana en los empadronamientos irregulares. Denuncia que son la vía para, primero, obtener a toda una serie de ayudas públicas y, en final término, para obtener la regularización.
La formación liderada por Santiago Abascal quiere demostrar que se puede acaecer del dicho al hecho y, por ello, este martes han comparecido en la sede doméstico de Madrid cuatro de sus concejales en localidades de diferentes puntos de España que están poniendo en marcha medidas contra los empadronamientos irregulares.
En todos los casos aseguran que de la mano del Partido Popular, con el que gobiernan en coalición, pero a la vez denunciando la «inactividad» de los populares antaño de que ellos llegaran a los gobiernos. «Sí hay un consenso y una clara negligencia antecedente», ha asegurado Fulgencio Coll, concejal de Vox en el Cabildo de Palma.
Próximo a él, representantes públicos en los municipios de Cartagena (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo) y Níjar (Almería) -Gonzalo López, David Quemado y Pilar Fenoy-, que han denunciado situaciones de más de cien personas empadronadas en una misma vivienda, pagos de hasta 5.000 euros por registros ilegales o más de 200 casos anuales de empadronamientos ilegales.
El objetivo de Vox es poner coto a la inmigración ilegal, que creen favorecida por las instituciones públicas con el acercamiento a ayudas a sociales o promesas de regularización. Y la consecuencia, denuncian los de Abascal, es un aumento de la inseguridad o precariedad en el acercamiento a los servicios públicos.
«Vox, en comisión de ser útil y en presencia de la pasividad de los demás, presenta una peroles de medidas contundentes en municipios donde gobierna para combatir empadronamientos irregulares que favorecen la chirlo de la inmigración irregular, la inseguridad, la precariedad y el tropelía de servicios públicos», ha detallado su portavoz, José Antonio Fúster.
«Queremos una nación válido con municipios fuertes con capacidad de designar quiénes pueden venir a estar con nosotros y entre nosotros», ha insistido Fúster, quien ha avisado de que Vox usará todo los mecanismos legales a su gravedad para combatir «el objeto convocatoria que promueven los grandes partidos».
De la mano de esta iniciativa, Vox ha puesto el foco en «la oleada» de ataques que han sucedido en España durante los últimos días y ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Magnate-Marlaska. «Para que dé cuenta de la oleada de crímenes acaecidos la oscuridad del 23 al 24 de junio», detalla la petición señalando la vencimiento de la celebración de la oscuridad de San Juan.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha denunciado la «política de puertas abiertas» del Gobierno, al que ha señalado como «incapaz» de avalar la seguridad. Y ha requerido una vez más «deportaciones masivas» de inmigrantes irregulares.