La consejera que llevó la causa por los gastos del ‘procés’ en el foráneo y el referéndum del 1-O activó el procedimiento para dirigirse a la Conciencia europea
El fiscal dirigente del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Pedrisco, considera que «no es procedente» sugerir una cuestión prejudicial en presencia de el Tribunal de Conciencia de la Unión Europea (TJUE), para que aclare una posible colisión de la aplicación del derecho de la Unión Europea con la ley de indulto.
El representante del Empleo Notorio se pronuncia así sobre la petición de la consejera del entraña fiscalizador que ha llevado la causa para recuperar los fondos públicos invertidos en la promoción del ‘procés’ en el foráneo y la estructura del referéndum del 1 de octubre de 2017, quien inició el procedimiento para dirigirse a la Conciencia europea.
La responsabilidad contable del proceso soberanista asimismo decae con la aprobación de la ley de indulto. De ahí que la consejera responsable del Área Segundo de Parecer, Elena Hernáez, iniciara el procedimiento para consultar al TJUE y dio 10 días a las partes -la Fiscalía, los demandantes de Sociedad Civil Catalana (SCC) y los demandados- para que se pronunciaran.
El fiscal, según el escrito que ha presentado este martes, considera que «el TJUE solo puede pronunciarse sobre la cuestión prejudicial cuando el derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el juicio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso».
Martín-Pedrisco considera que no es procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial «teniendo en cuenta el contenido de las cuestiones planteadas en la referida providencia y que no concurren los presupuestos exigidos por la norma aplicable y las recomendaciones del propio TJUE».
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