La Audiencia Franquista ha respondido al mediador Aguirre que en 2020 decretó el archivo de la investigación sobre la supuesta injerencia de espías rusos en Cataluña. El instructor del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, ha contestado así al requerimiento del titular del Magistratura de Instrucción 1 de Barcelona, que el pasado febrero solicitó «testificación de cierto o ciertos informes policiales» sobre «la presencia de determinados agentes de los servicios secretos» del Kremlin «en España», por si pudieran ser de utilidad para las pesquisas que dirige sobre la presunta conexión entre el entorno de Carles Puigdemont y Moscú, por la que habrían mantenido «estrechas relaciones personales».
La respuesta, consultada por torrevieja news today, incluye el coche del Magistratura Central de Instrucción 6, fechado en julio de 2020, que decreta el sobreseimiento de la causa. Éste detalla que la investigación comenzó posteriormente de que la Comisaría Genérico de Información (CGI) detectase un «ataque cibernético», ideado «de forma coordinada», por personas «afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de inteligencia de la Asociación Rusa». Toda esa operación, «se habría mantenido gracias a la presencia física de actores rusos en circunscripción castellano, concretamente Cataluña» y «en fechas próximas al referéndum de 2017».
La investigación contó con un declarante protegido. En su enunciación, «de forma sucinta», hizo narración a como «los servicios de información de Rusia estarían detrás de los intentos de desestabilización de España, usando para ello los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña». Apuntó además que el objetivo postrer de dicha campaña era desestabilizar Europa y «el mundo occidental». A pesar de ello, y de que el citado declarante aportó nombres de empresas y personas, «fue incapaz de aportar ninguna prueba documental» o de otro tipo que pudiera apoyar lo afirmado.
Por ese motivo, el mediador encargó a la CGI un estudio detallado sobra la información que aportó el declarante. Tiempo posteriormente, éste sí aportó algún documento. La Policía comprobó que los nombres que éste había aportado sí se correspondían con personas del ámbito crematístico y político de Cataluña, así como a nacionales de la Asociación Rusa. «Fuera de esta enunciación, poco o mínimo aporta lo dicho por la Policía, por cuanto los individuos mencionados carecen de historial, y toda la información está recogida en los medios de comunicación», reza el coche, consultado por torrevieja news today, que abunda: «Que sean perfiles de personas cercanas a las exposición independentistas no supone un hecho que pueda ser objeto de investigación, máxime cuando las actividades realizadas se hacen a la luz pública y a través de medios en modo alguno ilegales».
Sobre los «ciudadanos extranjeros que habrían actuado -según el testigo- en contra de los intereses españoles», «las indicaciones de que sean o no miembros de un servicio secreto sólo aparece en medios periodísticos». Lo que, apunta la resolución, «carece de relevancia penal». «En definitiva, mínimo se aporta que nos permita abastecer viva esta investigación, indemne que pretendamos una causa normal en exploración de algún indicio que nos permita confirmar la exposición de partida». Por todo ello, concluye que tanto la narración del declarante protegido como su posterior descomposición por parte de la CGI, «carece de una mínima novelística con relevancia penal». Así, el mediador, entonces, Alejandro Abascal, decretó el sobreseimiento provisional de las pesquisas.
Junto a memorar que, posteriormente de que la Audiencia de Barcelona tumbase la prórroga de la instrucción sobre la denominada ‘trama rusa’ del ‘procés’, una estancia separada de la operación Voloh, el mediador Aguirre abrió una estancia separada para investigar a Puigdemont y a otras merienda personas por un delito de ingreso traición, que queda fuera de la ley de gracia. En el caso del expresidente catalán, sería el Supremo el que tendría que aceptar las pesquisas, porque es aforado.