El Tribunal Constitucional (TC) tiene intencin de delimitar las responsabilidades penales por el fraude masivo de los ERE a los cargos de la Consejera de Empleo que a lo derrochador de una dcada utilizaron los fondos pblicos para fines ajenos al inters militar. As se desprende del anlisis de los borradores de las sentencias elaborados por la magistrada Inmaculada Montalbn y que se sern aprobados previsiblemente por el pleno del Tribunal Constitucional.
En los argumentos ofrecidos por Montalbn para la anulacin total o parcial de varias de las sentencias recurridas se reitera que no hay prue
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