La Agrupación de Industrias del Calzado Castellano (FICE) ha manifestado su profunda «preocupación y desacuerdo» con el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de imponer la reducción de la viaje gremial, así como «otras medidas laborales que perjudican al sector zapatero», cuyo espeso de la actividad se concentra en la provincia de Alicante.
FICE denuncia que «estas medidas atentan contra el diálogo social, ya que han sido tomadas sin el consenso adecuado con los agentes sociales y suponen una carga adicional para las empresas del sector calzado, acentuando la pérdida de competitividad en un ámbito globalizado y en gran medida exportador».
Adicionalmente, la patronal recuerda que en la presente rige un convenio que fue fruto del diálogo social tras un año de negociaciones con los sindicatos y que está actual hasta final de 2025.
Entre los cambios legislativos propuestos «figura la entrada en vigor desde el día sucesivo a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado de la reducción de la viaje a 38,5 horas, poco que las empresas tendrán que aplicar de forma inmediata, y que a partir de enero del próximo año pasará a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en enumeración anual«.
La patronal del calzado lamenta que «no se contempla ningún tipo de flexibilidad en función de los sectores o las empresas, tal y como habían pedido las patronales, caso de FICE, para intentar así obligarles a hacer contrapropuestas y negociar mejoras a este punto de partida».
FICE defiende que «no se puede fijar una viaje semanal máxima como pretende la vicepresidenta Yolanda Díaz sino tener el cuenta el enumeración anual». La patronal considera que no tiene sentido ahora fijar una viaje gremial máxima a la semana, lo que se traduciría en una merma de la productividad de las empresas y dificultaría sus condiciones de producción, haciéndolas mucho menos competitivas.
Adicionalmente, «las medidas propuestas por el Gobierno incluyen el incremento en las contribuciones a la Seguridad Social para ciertas categorías de trabajadores, lo que impone una carga adicional directamente sobre las empresas».
Incluso se incluye la obligación de sostener los niveles de empleo. Las empresas deberán respaldar que no habrá reducción de plantilla como consecuencia directa de la implementación de la nueva viaje gremial, lo que «limita aún más su capacidad de gobierno y acomodo a las nuevas condiciones».
Imagen del comité de la patronal del calzado FICE
Adicionalmente, abundan las empresas zapateras, «se contempla el reforzamiento de los controles y sanciones: viejo vigilancia y sanciones para las empresas que no cumplan con la nueva reglamento gremial, aumentando aún más los costos asociados a su cumplimiento».
Desde la patronal del ramo denuncian que «las medidas planteadas sin un seguro diálogo solo generan incertidumbre y aumentan los costos para las empresas». El sector del calzado, con su intensiva mano de obra y dependencia de mercados internacionales, «se verá gravemente afectado».
«Esta imposición, combinada con la errata de medidas compensatorias adecuadas, lleva a un necesario aumento de los costes de producción. Esto, a su vez, repercutirá en los precios ofrecidos a los clientes y podría resultar en el vallado de empresas y la destrucción de puestos de trabajo en regiones que dependen de esta industria», denuncia la patronal FICE.
«Imposiciones del Gobierno»
Mientras, recuerdan las mismas fuentes, «la ministra de Trabajo ha avisado de que, en caso de que la patronal no mueva ficha antaño del próximo lunes pactará con los sindicatos arrostrar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial».
Las asociaciones empresariales, incluyendo FICE, insisten en la obligación de flexibilidad y un seguro diálogo social. Siguiendo el ejemplo de la CEOE, que establece 2026 como una término más viable para poner en marcha estas medidas, ya que resulta «crucial que el Gobierno considere la existencia del sector y su capacidad de acomodo».
FICE aboga por un diálogo constructivo que permita un entorno gremial sostenible y que «no comprometa la competitividad ni la supervivencia de las empresas». Advierten sobre el previsible daño sectorial que esta medida pueda ocasionar en el segundo semestre del año. «Estamos delante una coyuntura que exige consejo y consenso para evitar un impacto película viejo en nuestra industria y en todos los trabajadores que dependen de ella», aseguran desde la patronal del calzado.