Nueva crisis en Consell de la República, la entidad parainstitucional que Carles Puigdemont creó en 2018 para ayudar vivo el procés desde Waterloo (Bélgica) a modo de Gobierno y Parlamento paralelos a las instituciones autonómicas catalanas.
La asociación privada independentista ha anunciado hoy que encargará una auditoría externa para “constatar la diligencia en la trámite financiera”, a raíz de la polémica desatada en las últimas horas sobre presuntos gastos personales del eurodiputado de Junts Toni Comín, que ocupa el cargo de vicepresidente.
En un comunicado, la entidad presidida por Puigdemont manifiesta su “plena confianza en la trámite financiera llevada a mango hasta el día de hoy” y constata “el cumplimiento de la aval de transparencia” en sus cuentas.
La asociación belga CatGlobal ASB, que da cobertura jurídica y económica al Consell de la República, envió hace una semana una carta al entraña de gobierno de la entidad denunciando “incidencias relativas a la contabilidad, fiscalidad, derecho y, en genérico, a la trámite financiera” que podrían no ajustarse al ordenamiento forense del Reino de Bélgica.
Toni Comín
Sin citar su nombre, CatGlobal señala la “inoperancia” de su interlocutor en el Consell, función que ejerce Comín, y pide su “sustitución por otros dos miembros” conveniente a la “pérdida de confianza”.
La misiva revelada por el diario El Món apunta a una partida de 12.000 euros que habría servido para rebasar “gastos personales” del ex guía de Salubridad de la Generalitat y recientemente reelegido diputado en el Parlamento Europeo. En concreto, CatGlobal alude a facturas de servicios personales como viajes o reposo abonadas con fortuna de la institución o el cuota del inquilinato de un despacho de trabajo.
Esta crisis interna en la estructura que fue creada por Puigdemont como una “Generalitat en el expatriación” es la segunda que, en menos de un año, tiene como protagonista a Comín, a quien un sector del Consell de la República acusó de “autoritarismo” y beneficiar económicamente a personas “de su entorno” con fortuna de la entidad. En concreto, los críticos denunciaron en septiembre “gastos innecesarios” en “caterings de suntuosidad, enseres ostentoso excesivamente logotipado o emisiones televisivas con una producción de gran escalera”. Adicionalmente, en su comunicado, afearon la “trayectoria muy fluctuante (adentro de algunos partidos hoy españolistas)” de Comín, en narración a su etapa en el PSC antaño de tener formado parte todavía de Esquerra Republicana.
Investidura de Pedro Sánchez
Puigdemont y el resto de la dirección cerraron filas con el vicepresidente en un momento en que el malestar interno crecía conveniente a la reestructuración interna del Consell que impulsaba el líder de JxCat y a las negociaciones que él mismo había iniciado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23 de julio.
La paradoja llegó al extremo de que la entidad presidida por Puigdemont realizó una consulta en la que el 75% de los socios que votaron (4.021 de un censo de 90.484) optaron por protestar a Junts y ERC un sitio que forzase la repetición de los comicios.
Al beneficio de su papel como eurodiputado de JxCat, Puigdemont abandonó la presidencia del partido hace dos abriles para centrar su actividad en el Consell. El 23-J cambió las tornas y evidenció la futilidad de una asociación de la que Esquerra y la CUP siempre se han mantenido a distancia al ver su señal a representar la mecanismo del independentismo como un simple utensilio partidista neoconvergente.