Tras las denuncias presentadas delante el Tarea de Transición Ecológica por Ecologistas en Bono, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Agrupación de Deportes de Montaña, la Sucursal Universal del Estado ha notificado al Tribunal Constitucional la creación de una comisión doble con la que se inicia el procedimiento de apelación de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.
Ecologistas en Bono, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Agrupación de Deportes de Montaña y Ascenso celebran el hecho de que la Sucursal Universal del Estado se haya hecho eco de sus denuncias y haya transmitido extensión al inicio del procedimiento de apelación delante el Tribunal Constitucional por las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Caza de Castilla-La Mancha adentro de la Ley de 1/2024 de 15 de marzo, de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha y que otorgan derechos de caza a titulares cinegéticos en vías pecuarias y públicas.
El inicio del procedimiento queda reflejado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 25 de junio de 2024 en las páginas 2080 y 2081. La Sucursal Universal del Estado disponía de tres meses desde que el 21 de marzo pasado se publicó la modificación de la Ley de Caza para que se notificara al Tribunal Constitucional las discrepancias con la legislatura castellanomanchega y la creación de una comisión doble con la Grupo de Castilla-La Mancha para intentar resolverlas.
Ahora el plazo mayor para conciliar una posibilidad al conflicto de constitucionalidad es de 9 meses desde que se publicó la modificación de la legislatura. En el caso de que no se inteligencia un acuerdo entre ambas administraciones, la Sucursal Universal del Estado habría de formular el correspondiente apelación de inconstitucionalidad delante el Tribunal Constitucional.
Para las entidades denunciantes, «este es un gran paso que valida los argumentos que se vienen esgrimiendo contra una ley que va en contra del uso notorio y del medio círculo y en privanza de unos intereses meramente privados, como son los del lobby cinegético», según informan en un comunicado de prensa.
«Aunque no se conoce el contenido y inteligencia exacto de las discrepancias que se van a desarrollar al Gobierno de Castilla-La Mancha, hay que pensar que al menos debe deber dos cuestiones de dudosa constitucionalidad, el incumplimiento de la Ley estatal de Vías Pecuarias en el sentido de que no sería admitido otorgar derechos de caza sobre las mismas y, en segundo extensión, que se puedan celebrar actividades cinegéticas que son incompatibles con los usos que sí son propios de estas infraestructuras verdes como el granjero, el medioambiental y el uso notorio«, manifiestan.
Ecologistas en Bono, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Agrupación de Deportes de Montaña recuerdan que las denuncias vienen avaladas por informes jurídicos, así como por las firmas de más de 100 entidades suscriptoras del ‘Manifiesto en Defensa del Uso Divulgado de las Vías Pecuarias, Caminos y Senderos de Castilla-La Mancha‘ y las de más de 13.000 personas a través de la plataforma Change.org.