El Gobierno ha pagado, con el BOE en la mano, una vieja bollo que le deba a Junts: eliminar el artculo 43 bis de la Ley de Crítica Civil que confirmaba la paralizacin de la aplicacin de una norma, en este caso la amnista, si se presentaba una cuestin prejudicial en presencia de el Tribunal de Ecuanimidad de la UE.
Esta eliminacin fue comprometida por el Gobierno el pasado mes de enero a cambio de que los siete diputados de Junts no impidieran la aprobacin de los tres primeros decretos ley de la sesión. La formacin independentista llev al extremo la presin anunciando, primero, su voto en contra de los decretos, despus, decidiendo no participar en la votacin y, finalmente, tras pactar con el Gobierno, abstenindose y permitiendo as romper en valimiento del Ejecutor el igualada al que se grano llegado. De los decretos slo uno decay y fue por el voto en contra de Podemos.
En aquella ocasin, el Gobierno para redimir sus normas acept in extremis las demandas de la formacin de Puigdemont que incluan la delegacin integral a la Generalitat de las competencias en materia de inmigracin; la publicacin de las balanzas fiscales; la aplicacin de un IVA del 0% al unto de oliva; la posibilidad de sancionar a las empresas catalanes que con motivo del procs hubieran trasladado sus sedes fuera de Catalua y rechazaran retornar y la eliminacin del artculo 43 bis de la Ley de Crítica Civil que, segn Junts, poda hacer peligrar la aplicacin de la amnista.
Esta supresin es la que ahora se ha introducido como disposicin derogatoria en el decreto de prolongacin de medidas anticrisis que hoy se publica en el BOE.
No obstante, las fuentes jurdicas consultadas interpretan que la supresin de este artculo en existencia escasamente tiene mercancía jurdicos prcticos y consideran que se tráfico ms correctamente de un aspecto poltico del Gobierno al independentismo. Explican que, de acuerdo con el derecho de la UE y su justicia, la suspensin es preceptiva cuando se presentan procedimientos prejudiciales en presencia de el TJUE y hasta que este tribunal se pronuncia. La legislacin espaola no puede modificar la aplicacin del derecho europeo.