Tras las acusaciones por parte de la Fase real de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), por la crimen de varios ejemplares de gacelas protegidas a consecuencia de un festival de música, el Consistorio de Almería ha solicitado el traslado urgente de esta finca real. El espacio, con unas 400 especies, se ubica en el entorno de la Fuerte, en el parque de La Hoya desde hace 70 abriles.
La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha informado del cambio de ubicación de los espectáculos previstos en los Jardines Mediterráneos, a escasos metros de la reserva sahariana, posteriormente de que desde el CSIC se achacara la crimen de cuatro gacelas y un arruí de especies vulnerables a las tres noches de conciertos celebrados en La Hoya el pasado fin de semana cuyos bienes ya habían listo los científicos.
«Yo no soy veterinaria, no soy científica», ha incidido la alcaldesa en presencia de el cambio de ubicación de los conciertos tras las críticas expresadas por la institución, desde donde se ha afeado que se haya puesto en «duda» las necropsias practicadas por la veterinaria del centro, las cuales revelaron que los ejemplares fallecieron a consecuencia de episodios de «estrés y agitación» tras los conciertos, según sus informes.
En cualquier caso, la representante municipal considera que la falda de la Fuerte «no es el sitio ideal para tener una Finca Empírico«. »Desde hace 35 abriles se viene hablando del cambio de ubicación«, ha dicho, un aspecto que figura en el plan de centro de la EEZA, desde donde critican que se esté tratando de practicar cualquier tipo de »presión« para avivar el traslado.
«Nosotros vamos a trabajar conjuntamente con ellos y con el resto de administraciones para ofrecerles el sitio idóneo, según las características y los criterios que nos han requerido«, ha informado la primer concejal, quien dilación que »a la anciano brevedad posible« se produzca el cambio de ubicación en ayuda de esos »casi 400 ejemplares que viven allí, un poco hacinados, en poco menos de seis hectáreas«, según ha observado.
Una incompatibilidad histórica
Cabal al costado del parque de La Hoya, y separada tan solo por la muralla de Jairán, se encuentra esta finca real. El contorno sobre el que se instalan pertenece al punto del mismo nombre y son los dos propiedad del CSIC. Desde 1950, en el caso de la finca y desde 1955 en el caso del coetáneo parque.
Luego, los terrenos sobre los que se instala el coetáneo parque de La Hoya son propiedad del CSIC y fueron cedidos al Consistorio de Almería en 2007 por un determinado periodo de tiempo. Dada las características de la instalación que el CSIC tenía al otro costado de la muralla de Jairán, el convenio de cesión especifica que «el perfectamente objeto de concesión sólo podrá destinarse a los fines que la justifican…» siendo estos la creación de un parque público urbano con paseos, jardines y pérgolas.
En esta finca se lleva a punta un software de conservación de ungulados norteafricanos en peligro de extinción, auspiciado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Así, en sus instalaciones se cuentan unos 400 animales salvajes de tres especies de gacelas y del arruí saharaui, que son el anciano reservorio de estas especies para su conservación y posterior reintroducción en sus países de origen en el ideal de África.
«Por su proximidad y tipo de actividad, los conciertos que ha programado el Consistorio de Almería son incompatibles con la preservación de la seguridad y el bienestar de los animales del software de conservación, máxime en este periodo de reproducción en el que, unido a los animales adultos se encuentran más de 50 crías (entre dos semanas y dos meses de vida)», justifican desde el CSIC.
Esta incompatibilidad de actividades (conciertos multitudinarios, nocturnos, durante varias noches consecutivas), no es nueva. Según indican, en el verano de 2020 se produjo una situación parecida. En esa ocasión se presentó al junta un estudio científico-técnico en el que se muestran no solo el impacto del ruido en los animales de la finca real, sino los requerimientos administrativos y legales que se han de cumplir previo a la organización de cualquier evento en el que la contaminación acústica pueda tener un impacto en personas y animales.